El menor de edad aprehendido en Cayambe, norte de Quito, por tener contenido de adolescentes desnudas y con actitud sexual explícita sería parte de una red clandestina de ‘depravados digitales’.

El sospechoso, de 17 años, utilizaba las fotos y videos para utilizarlas “como moneda de cambio y escalamiento de privilegios en la red”, según las indagaciones.

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El ingeniero informático y experto en ciberseguridad, Jorge Luis Sánchez, explicó que este tipo de individuos conocen que el contenido les sirve para intercambiarlo por otros bienes o servicios dentro de comunidades en línea.

Puede ser material de la misma índole, el acceso a plataformas exclusivas de distribución de este contenido ilegal o cualquier otro recurso valorado dentro de estas redes.

Con respecto al escalamiento de privilegios, Sánchez mencionó que se refiere al acto de obtener un nivel de acceso no autorizado a recursos que están restringidos al usuario promedio.

En el contexto de redes ilícitas en línea, esto puede significar ganar acceso a foros privados, obtener roles de moderador o administrador en sitios web de explotación, o recibir reconocimiento y estatus dentro de una comunidad por la cantidad o “calidad” del material proporcionado.

El sospechoso se creaba perfiles falsos y utilizaba redes sociales para captar a sus víctimas mujeres.

Para el experto informático este tipo de personas tienen objetivos oscuros. “No es meramente la gratificación sexual; va más allá, buscando establecer una posición de poder y control dentro de estas redes clandestinas”.

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Sánchez indicó que estos depravados operan como si fueran empresas multinacionales por eso les llama la atención a personas como el aprehendido para ascender en la jerarquía turbia de estas comunidades, y ganar acceso a mayores recursos, tener influencia y protección dentro del anonimato que ofrece internet.

“Este poder puede ser utilizado para extorsionar, manipular y controlar a otros usuarios, así como para atraer y explotar a más víctimas”.

• Contexto legal

El abogado Jonathan Ramos señaló que el delito que se configuraría en este caso sería el de extorsión sexual. Según la norma legal este es cuando la persona, mediante el uso de violencia, amenazas o chantaje induzca, incite u obligue a otra a exhibir su cuerpo desnudo o en actitudes sexuales, con el propósito de obtener un provecho personal o para terceros.

En la legislación ecuatoriana este se castiga con una pena de tres a cinco años, pero al ser un menor de edad, al implicado se lo sancionaría con una medida de amonestación y según el juez del caso, podría obtener servicios a la comunidad o algún tipo de internamiento.

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