El cuarto intento por iniciar el juzgamiento del exsecretario de la Senain, Pablo Romero tampoco prosperó. El tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Mercedes Caicedo (reemplaza a Marco Rodríguez que está de vacaciones), Byron Guillén y Daniella Camacho, no pudo instalar el juicio por supuesto peculado en contra de Romero y otros sospechosos en el denominado 'caso Caminito'. 

Romero está preso tras ser extraditado desde España en febrero de 2020. Fue juzgado y sentenciado a nueve años de cárcel por el secuestro del político Fernando Balda. Recibió otra condena por ingreso de artículos prohibidos al centro penitenciario en el que fue recluido. 

La de peculado pudiera ser una tercera condena. ¿Por qué no se instaló el juicio? La defensa del exfuncionario recusó a la jueza Camacho. Con ese recurso se busca apartarla del conocimiento del caso. Los jueces estudiaron el pedido. Aunque señalaron que según el análisis del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 25 se indica que mientras se resuelve la recusación no se suspende la diligencia. 

Sin embargo destacaron que, al ser una diligencia larga y para evitar que durante la realización de la audiencia se suspenda, en caso de que uno de los miembros del tribunal sea recusado, se ha decidido no instalar la audiencia.

Los jueces observaron que la audiencia de juicio no se ha realizado en varias ocasiones y que la defensa presentó recién este martes la recusación del tribunal cuando desde hace algún tiempo se conocía de la integración del mismo. La defensa fue advertida que no se permitirán más dilaciones en el proceso.

Cerca de un centenar de testigos y peritos habían sido convocados al juicio. Entre otros están el excontralor Carlos Pólit, el contralor detenido Pablo Celi, el exfiscal Galo Chiriboga, el exministro de Seguridad César Navas, además de exjueces y exfuncionarios de la desaparecida Senain. A Celi se pidió que entregue su informe juramentado al director de la cárcel 4 de Quito, lugar en el que se encuentra privado de su libertad.

¿Cuál es la acusación? Se señala a Romero y otros investigados por un aparente uso inadecuado de fondos públicos pertenecientes a Gastos Especiales de la exSenain para ejecutar la operación encubierta 'Caminito'.

La acción se planificó para obtener información sobre un presunto grupo de hackers que habría accedido a datos de varias entidades estatales, además de claves de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado. 

Para contrarrestar esa amenaza se hicieron pagos de entre 10.000 y 60.000 dólares a un informante apodado como 'el Ruso'. Su pago no habría sido debidamente justificado y su existencia no se ha podido verificar. Tampoco se presentó el producto final requerido. Por ese hecho el Estado habría un perjuicio al Estado de 162.582 dólares. 

La Fiscalía consideró que los actos ejecutados por los funcionarios de la exSenain, Pablo Romero, Cecilia Santillán, Walter Olalla, Jorge Garzón y Juan de Dios Lozano (coordinador de Gastos Especiales), según un informe de la Contraloría, permite establecer indicios de responsabilidad penal que se derivan de la inobservancia de los procedimientos previstos en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

El posible delito se registró a mediados de 2013.