El Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Construye se situaron en una misma posición con respecto a la crisis diplomática derivada del asalto a la Embajada de México para lograr el arresto del exvicepresidente Jorge Glas.

En sus comunicados coinciden en condenar la violación la sede diplomática, pero apoyan el argumento del gobierno de Daniel Noboa de que México violó la Convención sobre Asilo Diplomático al proteger a Glas, procesado por delitos comunes y no por su pensamiento político.

“Por lo cual no cabía concederle ni la condición de huésped ni el asilo diplomático”, escribió Alfredo Serrano presidente nacional del PSC.

Y agregó: “si bien legalmente corresponde al gobierno que otorga asilo diplomático calificar el mismo, en este caso el asilo se ha otorgado sin que el Gobierno mexicano haya aprobado la supuesta persecución política, violentando la naturaleza y fundamentos de la citada Convención, lo cual condenamos firmemente y constituye además un irrespeto inaceptable a la administración de justicia ecuatoriana”.

Construye siguió en la misma línea y recordó que “los casos Metástasis y Purga evidenciaron que la libertad de Jorge Glas Espinel fue el resultado de una operación entre el correísmo y el crimen organizado, con la intervención ilegal de jueces “suicidas”, pagados por (Leandro) Norero”.

La organización, dirigida por María Paula Romo, pidió a Noboa que frene la escalada del conflicto con México y evite que un “grupo de prófugos aliados del crimen organizado se victimice ante el país y la comunidad internacional”.

“Valoramos que el gobierno se deslinde del correísmo con el que entabló una alianza férrea y cogobernó durante 135 días, aprobó leyes que perdonaron impuestos a los más ricos y normas que buscan la impunidad de Rafael Correa”.

Los dos movimientos pidieron al gobierno que busque el camino de la diplomacia para solucionar el desencuentro con México.

El movimiento gobiernista ADN también respaldó al presidente Noboa. La asambleísta Inés Alarcón. “No es momento de hablar de juicios políticos, estamos frente a un hecho que no debió ser concedido por el Estado mexicano”.

“Si bien la fiscalización y control político, es una facultad de la Asamblea Nacional, no es oportuno en este momento que se trate de buscar obtener un show político e instigar a las autoridades que cumplieron con su rol en el ámbito de sus competencias”, dijo ante el anuncios del bloque correísta que buscará la censura de las ministras de Gobierno y Relaciones Exteriores, Mónica Palencia y Gabriela Sommerferld.

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