Desde antes de las 10:00, previo a la audiencia preparatoria de juicio por delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales, el juez Marco Rodríguez dio paso al juicio de procedimiento abreviado solicitado por ocho procesados.

Se trata del exasambleísta Daniel Mendoza, su exasistente Jean Benavides, René Tamayo exdirector del Sercob, Beatriz Cobeña, Ángel Andrade, José Santos, Leonardo Veliz y Franklin Calderón. Ellos son parte de 19 sospechosos de integrar una posible red involucrada en el reparto de recursos públicos para la construcción del hospital de Pedernales. 

En un operativo policial cumplido en varias provincias se detuvo al exlegislador Mendoza y otros investigados en Manabí el pasado 5 de junio.

El procedimiento abreviado es uno de cuatro clases de posibilidades especiales que contempla el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 634. Hay reglas para la aplicación de ese procedimiento especial. Se admite en los casos de infracciones sancionadas con penas de hasta 10 años de cárcel. 

La propuesta debe presentarse desde la formulación de cargos hasta la audiencia preparatoria de juicio. Tiene que contar con el consentimiento de los procesados y la admisión del hecho de parte del sospechoso.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado la fiscal Diana Salazar quien se abstuvo de acusar a cuatro sospechosos quienes ya recibieron sobreseimiento de parte del juez Rodríguez, señaló que los procesados son acusados por Fiscalía como autores de delincuencia organizada. 

Recordó que los hechos se ejecutaron entre 2019 y 2020 en Pichincha y Manabí. Habló de una estructura organizada conformada por los procesados, quienes prestaban sus servicios como asambleístas (Daniel Mendoza y Eliseo Azuero), funcionarios de Sercop. A los sospechosos los responsabilizó de planificar y dirigir mecanismos de contratación pública para la obtención de dineros de manera ilícita.

En el caso de la fallida construcción del hospital de Pedernales la estructura delincuencial se encontraba jerarquizada y organizada a través de la distribución de roles. Responsabilizó a Daniel Mendoza de gestionar cargos aprovechándose de su cargo en el Legislativo.

Los demás sospechosos eran los colaboradores. Las actuaciones no fueron circunstanciales sino reiteradas, permanentes y bien planificadas. 

De Mendoza dijo que su calidad de asambleísta le permitía disponer lo que haría la organización, especialmente contrataciones en su provincia, Manabí. Eso habría ocurrido en el caso de los 16 millones de dólares por la contratación de la construcción del hospital de Pedernales en donde supervisaba los pagos.

Según las reglas de aplicación, en ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por el fiscal, que será el resultado del análisis de los hechos imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, no será menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal. La sentencia en este tipo de procedimientos se dictará de inmediato, señala el COIP. Está previsto que la diligencia concluya esta tarde.

El Código también contempla que puede haber negativa en la aceptación del acuerdo si es que el juez considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos. Con el juzgamiento de los ocho procesados y la abstención en la acusación de los cuatro sospechosos que ya fueron sobreseídos el juicio ordinario se cumpliría solo para siete de los 19 investigados.

La fiscal Salazar reiteró que los integrantes de la estructura de delincuencia organizada adjudicaron al Consorcio Pedernales Manabí la construcción del hospital de Pedernales 30 camas. Hay observaciones de la Contraloría al proceso de contratación para la construcción de la obra en la que se habrían recibido coimas para favorecer al Consorcio Pedernales, pese a que no cumplía con todos los requisitos de contratación pública.

Entre los elementos que sustentan su acusación la fiscal presentó memorandos, partes policiales, versiones, oficios, el informe con indicios de responsabilidad penal que emitió la Contraloría, entre otros documentos.