En la Corte Nacional de Justicia se instaló a las 11:30 la audiencia de formulación de cargos en contra de tres jueces de Guayas, sospechosos del posible presunto delito de prevaricato. Los procesados son Lenin Zevallos y Jessy Monroy, jueces de la Corte Provincial de Guayas y Roberto Angulo, juez de instancia. El caso A la diligencia acudió el fiscal subrogante Wilson Toainga quien indicó que los procesados gozan de fuero de Corte. A ellos el fiscal subrogante les acusó de autoría directa en el supuesto delito.

Además comunicó al juez Felipe Córdova que la instrucción fiscal durará 60 días para la realización de la investigación. En su exposición Toainga indicó que el 10 de junio de 2013 las cuentas de varias empresas fueron retenidas por medidas cautelares en un proceso de lavado de activos y las mismas no fueron retiradas por el juzgador. 

Se interpuso una acción de protección para que se revoquen las medidas y se restituyan los fondos que se encontraban en el Banco Central. La acción de protección recayó en el despacho del juez de instancia Roberto Angulo quien ordenó al Banco Central la devolución de los recursos. (También podría lee: "Tres jueces de Guayas recibirán cargos este miércoles 18 por presunto prevaricato")

Señaló que la resolución fue ratificada por los dos jueces de la Corte Provincial de Guayas Lenin Zevallos y Jessy Monroy y pese a existir un procedimiento en contra de disposición legal. Citó la sentencia de la Corte Constitucional que deja en claro las transgresiones en el actuar de los judiciales. 

Como elementos citó la sentencia que dice que los jueces incurrieron en error inexcusable al dejar sin efecto una medida cautelar declarada en un proceso penal. Y también el fallo en contra del juez Angulo quien también incurrió en error inexcusable por alterar su decisión para incluir nuevas víctimas no establecidas en el proceso.

La ilegalidad fue la orden de disponer que el Banco Central proceda a la devolución inmediata de valores en las sumas por casi ocho millones de dólares para cuatro empresas. Para los procesado solicitó que se imponga la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante el juez y la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica. 

Por una probable reparación al Estado solicitó la retención de valores, la prohibición de enajenar bienes en Guayas, Santa Elena y Manabí para garantizar pago de reparación integral y la prohibición de transferir bienes muebles que tengan los procesados.

Paúl Ocaña defensor de Zevallos indicó que los 60 días no son suficientes para ejercer la defensa y solicitó que la instrucción fiscal dure 90 días. Además sugirió que las presentaciones de su cliente se realicen en Guayas. Hasta el cierre de esta nota informativa la audiencia de formulación de cargos continuaba en la Corte Nacional de Justicia. 

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