Pretendido monopolio portuario
La razón de ser de la economía de mercado es la competencia. Ningún otro atributo se le aproxima en importancia, pues desde el momento en que se produce la concentración de mercado por parte de un solo oferente o demandante, es la sociedad la que paga las rentas excesivas que afectan su bienestar.
De ahí que es improcedente que inversores, por más encumbrados que fueren, pretendan vestirse con atuendos que hoy en día son de corte colonialista.
La libre competencia es la antítesis del poder abusivo que el monopolio o el monopsonio ejercen. Estando, como lo estamos, a favor de la construcción de un puerto de aguas profundas que permita mantener la competitividad del país en el tiempo, consideramos que el tráfico portuario debe servir, en primer lugar, los intereses de los usuarios.
Guayaquil tiene una vocación portuaria que antecede a la República, y su voz es protagonista principal del diseño que más conviene a los intereses de los ecuatorianos -esto es, y lo repetimos, el de la libre competencia.
Existe un marco legal y una entidad expresamente creada para defender la competencia contra la concentración. Entendemos que hay por parte de la autoridad, si no pronunciamientos oficiales por cuanto hasta el momento se trata de pretensiones de los oferentes, sí posturas contrarias a cualquier intento de coartar la competencia, que en este caso se refiere a defender el derecho del puerto de Guayaquil a desarrollar libremente su plan de negocios, al igual que las terminales privadas.
El desarrollo del puerto de Posorja (que es parte integral de Guayaquil) debe por lo tanto darse dentro del marco de mercado existente.
Rechazamos, entonces, la posibilidad de limitar la profundidad del canal de acceso al puerto de Guayaquil para permitir el paso de los buques de gran calado, que son la característica del transporte naviero moderno.
De la misma forma, los puertos privados cumplen un cometido, que bien podrá cambiar en el tiempo, pero siempre sujeto a las reglas de la competencia, que son las que aseguran la competitividad.
La defensa del interés del público implica, por parte de la autoridad, la defensa de las mayorías, pues en el largo plazo es la mejor opción para la sociedad y para el reparto equitativo de la prosperidad.
