Pasadas las 09:00 se reinstaló en el Complejo Judicial Norte la audiencia por la acción de protección que presentó el presidente del Consejo de la Judicatura a título personal en contra del presidente Guillermo Lasso. Demanda más de 200 millones de dólares que permitirían a ese organismo solventar varios requerimientos.

En esta ocasión el auditorio del Complejo Judicial no contó con el abarrotamiento de judiciales, no se permitió el ingreso de medios para las fotos y tomas previas a la instalación de la diligencia, policías vigilaron uno de los accesos al organismo, funcionarios colocados en las puertas de acceso interrogaban el destino de cada usuario para permitir el ingreso.

Esos fueron los filtros para poder ingresar a la audiencia  y el paso para ingresar al auditorio, ubicado en el piso 11, había sido bloqueado en pasillos y escaleras con sillas.

(Lea también: "La fiscal Salazar afirma que se quieren repartir la Fiscalía General del Estado")

A las 09:15, tras la constatación de la presencia de las partes, la jueza Olga Cecilia Pareja Quezada reinstaló la diligencia. Anunció que solo la Judicatura podía transmitir la diligencia en su cuenta de Facebook. Todas las demás grabaciones estaban prohibidas. Hubo menos personal de Comunicación del organismo pero su presencia facilitó el desarrollo de la audiencia en cuanto a pasar el micrófono a quienes debían intervenir.

El uso de la voz inicial fue para Verónica Jaramillo del Consejo para presentar el informe técnico de los recursos que ese ente ha solicitado al Ministerio de Finanzas en los últimos diez años y lo que ese organismo ha otorgado. Dejando claro que por cada año existió un arrastre de decenas de millones que Finanzas no concedía. En los 10 años de más de 6.295 millones pedidos se concedieron alrededor de 4.600 millones y existió una diferencia de más de 1.600 millones entre lo solicitado y lo concedido.

Esa situación habría complicado ejecutar pagos, por ejemplo, de sentencias ejecutoriadas con reparaciones integrales, restitución a los puestos o jubilaciones. La funcionaria explicó también que las herencias de grandes infraestructuras requieren mantenimiento y la falta de asignación ha hecho que muchas se vuelvan obsoletas. Jaramillo precisó que en esos años hubo ejecución de entre el 71 y el 92 %. Reconoció que, de los 500 millones que Finanzas afirma que fue devuelto en una década, en realidad se devolvieron 149 millones. 

En su intervención de Olga Núñez del Ministerio de Finanzas explicó que nunca se dejó de dar el presupuesto para el pago de los salarios de los funcionarios. Su participación motivó la interrupción del presidente de la Judicatura quien le dijo a la jueza “no entiendo la dinámica” de la participación de la funcionaria de Finanzas. La jueza Pareja Quezada le explicó que en ese tipo de audiencias se busca llegar a la verdad, no hay testigos, no hay peritos sino técnicos.

Entre otras cosas, la funcionaria de Finanzas evidenció que la Judicatura “presentó un manejo desordenado de presupuesto en 2022". Indicó además que ese organismo solicitó recursos adicionales para el mantenimiento a unidades judiciales porque no hizo mecanismos internos y usó el dinero para otros fines y cuando tuvo que atender las demandas que tuvieron que asignar otro presupuesto.

Las constantes interrupciones de las partes llevaron a la jueza a advertir que si continuaban suspendería la diligencia y la misma se haría de forma telemática. La audiencia siguió con la presentación de informes de parte de la parte demandada. Roberto Vargas de Senplades insistió que al Consejo de la Judicatura se lo ha atendido.