Los prefectos exigen que el Gobierno pague toda la deuda

La presión dio resultado. El Ministerio de Finanzas transfirió a las prefecturas los recursos que les adeudaba por marzo y abril.

El pago coincidió con la anunciada reunión de las autoridades locales que se desarrolló ayer, en la capital. Según Finanzas, a Manabí y Esmeraldas también se les entregó la asignación de mayo.

Los recursos corresponden a las transferencias obligatorias que el Ejecutivo debe hacer de acuerdo con los ingresos del presupuesto. En su comunicado, sin una sola cifra, el ministerio no explicó cuándo se igualará en los pagos por las competencias de riego y dragado ni por la devolución del IVA.

Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, por ejemplo, recibió 1,2 millones de dólares, la tarde del martes. Era el monto que le falta para completar el aporte de marzo.

Los prefectos recibieron la noticia del pago de boca del mismo Gustavo Baroja, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope). “Casualmente, Finanzas, luego de varias reuniones desde el viernes pasado, nos transfirió lo de marzo y se pagará lo de abril”, dijo.

Él llegó a la cita con sus colegas, pero se quedó apenas unos minutos. Les contó de las gestiones que dijo haber hecho para cobrar. Y se fue.

Baroja había sido cuestionado. El domingo, el prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, dijo a EXPRESO que actuaba más como “vocero del Gobierno”.

“La presión, al anunciar esta asamblea nacional de prefectos, hizo que esa transferencia se efectúe”, dijo Rafael Dávila, prefecto de Loja y el promotor de la cita.

El titular de Sucumbíos, Guido Vargas, coincidió en que fue necesario que se adopte una posición firme. “No debería haberse dado ninguna presión para que se cumpla, oportunamente, con las transferencias, lamentó.

Para asegurar los resultados, el prefecto de Tungurahua, Luis Fernando Naranjo, sugirió que las reuniones sean semanales.

A pesar de los pagos hechos ayer, no es suficiente. Los funcionarios locales quieren que se cancele la totalidad de la deuda.

¿Que plantean? Primero, una reunión con el presidente Rafael Correa. Entregarán una propuesta para superar la crisis de iliquidez y revisar la entrega de competencias.

Segundo, exigen un plan de plan de pagos por las competencias y por la devolución del IVA. Para eso fijaron como plazo el 30 de junio. ¿Qué pasará luego? Se volverán a reunir para tomar decisiones.