El ir y venir de ternas para el delegado de la Corte de Justicia

José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia (e), los calificó como “tres profesionales de trayectoria con hojas de vida limpias”.

Se trata de tres juristas que en la sesión plenaria de la Corte Nacional del jueves pasado fueron presentados como los integrantes de la nueva terna de la cual saldrá el próximo presidente del Consejo de la Judicatura, quien estará en funciones algo más de seis meses cuando, otra vez, la Corte debe enviar otra terna para integrar la Judicatura del período 2025-2031.

El primero es de la terna Telmo Molina Castro, funcionario judicial de carrera, quien ha desempeñado puestos en la Fiscalía, fue amanuense y actualmente es juez de Garantías Penales de Pichincha. La segunda de la terna es Dunia Martínez Molina, exintegrante de la Comisión Calificadora para la renovación de los jueces de la Corte Constitucional y el tercero es Hugo Landívar Orellana, experto en Derecho Constitucional, abogado en libre ejercicio y coordinador jurídico del recién inscrito movimiento político ADN, del presidente Daniel Noboa.

Durante la conformación de esta terna, la sombra de Wilman Terán estuvo presente. Ninguno de los magistrados lo nombró, pero, por ejemplo, Marco Rodríguez pidió no volver a cometer los errores del pasado.

Aunque los jueces hablaron de defender la institucionalidad, la democracia y la independencia judicial, solo Milton Velásquez e Iván Saquicela confirmaron la existencia de intereses políticos en la conformación de la terna. Saquicela, incluso, habló de un supuesto acuerdo para no enviar la terna y dejar a Álvaro Román en la Judicatura como encargado, pero dicha tesis se quedó sin piso el momento que Suing presentó a sus elegidos.

Este es el máximo organismo de administración y disciplinario de la Función Judicial. Puede nombrar y destituir jueces, removerlos o suspenderlos. Crear Judicaturas o eliminarlas.

En los últimos años se ha caracterizado por ser una herramienta política del Gobierno de turno. Durante el gobierno de Rafael Correa se nombraron más del 80 % de los jueces del país. La Corte Nacional de 2012 fue integrada por autoridades que pasaron por una entrevista subjetiva en donde a unos se les subió hasta 10 puntos tras decir qué es para ellos la justicia.

Incluso el caso Sobornos, en el análisis a la computadora de Pamela Martínez, exasistente de Correa, se hallaron correos en donde se tachaba a los aspirantes a jueces que no eran afines al correísmo, mientras que los que seguían esa línea política se los remarcaban como “confiables”.

En la última Judicatura, la de Wilman Terán, hoy preso por el caso Metástasis, se caracterizó por la corrupción y la persecución a los jueces que les eran incómodos, como Walter Macías, o por usar la institución y sus recursos como palestra para una futura carrera política, según el testimonio anticipado de Álex Palacios, un exasistente de Terán en un expediente por obstrucción a la justicia.

En este escenario, la nueva terna, en palabras de Suing, es “una apuesta” a la institucionalidad, “que no responde intereses políticos”.

Hoy, la facultad y responsabilidad de conformar el Consejo de la Judicatura está en manos del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). Michelle Calvache, su vicepresidente, dijo que en un mes y medio nombrarán al titular. El trámite es revisar que cumplan los requisitos y presentar un programa de trabajo.

El trasfondo político y el deseo de los partidos y actores políticos y hasta criminales de controlar las ternas y tener un representante en la Judicatura radica en que esta administración lleva adelante uno de los procesos de selección de jueces más importantes de los últimos años.

Hay concursos para renovar la Corte Nacional, otro para nombrar conjueces temporales y otro para llenar 500 vacantes en primer y segundo nivel; hay un proceso para conformar las judicaturas para garantías constitucionales. Todo esto dirigirá el nuevo presidente de la Judicatura.

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