Mayra Salazar: quién es y qué dijo tras reaparecer por caso Metástasis
La exrelacionista aseguró que cumplió prisión, pagó reparación y envió oficios a medios por uso de su imagen
Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte del Guayas y procesada por el caso Metástasis, publicó el 27 de marzo un video para responder a titulares recientes sobre su situación judicial. La comunicadora afirmó que recuperó su libertad hace más de un año. Su pronunciamiento surge tras nuevas publicaciones que la mencionan. El mensaje busca aclarar su situación legal actual y su versión de los hechos.
En el video explicó que durante el proceso decidió guardar silencio frente a críticas y titulares. Aseguró que ese silencio no significaba aceptar narrativas incompletas. Sostiene que ahora ejerce su derecho a defender su nombre públicamente. Su objetivo es frenar lo que considera una condena social persistente.
“Yo cometí un error, lo reconocí, lo enfrenté”, afirmó en su declaración. Añadió que cumplió la pena privativa de libertad impuesta por la justicia. También dijo haber pagado multas y reparación integral al Estado. Insistió en que colaboró eficazmente con la Fiscalía.
“Cumplí íntegramente mi sentencia”, afirma en su mensaje
Salazar sostuvo que su cooperación incluyó la entrega de pruebas. Aseguró que la información aportada no ha sido desvirtuada. Señaló que todo consta dentro de un expediente judicial. Esto, según dijo, demuestra que cumplió lo dispuesto legalmente.
“Hace más de un año un juez verificó el cumplimiento íntegro de mi sentencia”, afirmó. Indicó que esa verificación permitió levantar medidas personales y reales. Explicó que el trámite reciente solo buscó registrar una orden previa. Por ello afirma que no existe un hecho noticioso nuevo.
La exrelacionista cuestionó la forma en que algunos medios difundieron la información. Sostiene que se presentó como actual una decisión tomada hace más de un año. Asegura que esa narrativa genera confusión pública. Por ello decidió pronunciarse directamente.
Reclamo por el uso de su imagen y cobertura mediática
Salazar citó la Ley Orgánica de Comunicación en su pronunciamiento. Afirmó que la normativa obliga a verificar y contextualizar la información. También prohíbe difundir contenidos que vulneren derechos. Por ello cuestionó el uso reiterado de su imagen.
“El uso de mi imagen sin contexto constituye un incumplimiento”, señaló. Indicó que mezclar opiniones con hechos desnaturaliza la función informativa. Aseguró que envió oficios a medios prohibiendo ese uso. Sostiene que podría existir responsabilidad legal.
En su mensaje también habló sobre su patrimonio. Afirmó que la Fiscalía no ha determinado origen ilícito de sus bienes. Explicó que poseen financiamiento bancario vigente. Dijo contar con trazabilidad financiera comprobable.
Qué dijo sobre sus bienes y situación económica
Según su explicación, una propiedad fue adquirida en 2013 con crédito a 25 años. Otra fue comprada en 2022 con financiamiento bancario a 20 años. También mencionó una herencia familiar parcial. Con esto buscó responder a cuestionamientos públicos.
“¿No se supone que si fueran ilícitos ya estarían pagados?”, preguntó. Aseguró que no posee mansiones ni vehículos de alta gama. Reiteró que sus bienes mantienen deudas vigentes. Insistió en que existe respaldo bancario.
Tras su pronunciamiento, el caso vuelve a generar debate público. Su mensaje se produce después de meses de silencio. La exrelacionista insiste en que ya cumplió lo ordenado por la justicia. Y asegura que continuará defendiendo su nombre.
El proceso judicial y el caso Metástasis
Salazar fue investigada dentro del caso Metástasis, una investigación por presunta corrupción ligada al narcotráfico. La Fiscalía la procesó por delincuencia organizada y tráfico de influencias. Se la señaló como operadora de comunicación entre miembros de la red. Su rol habría facilitado contactos y gestiones judiciales.
La investigación giró alrededor del narcotraficante Leandro Norero. La red buscaba beneficios judiciales, traslados de cárcel y protección. Más de 50 personas fueron procesadas por delincuencia organizada. El caso impactó al sistema judicial ecuatoriano.
Entre los implicados estuvieron Wilman Terán, Emerson Curipallo y Adolfo Gaibor. También Christian Sánchez Coello y policías como Neycer Mazón. Se sumaron el exdirector penitenciario Pablo Ramírez y el exlegislador Ronny Aleaga. Varias personas aceptaron culpabilidad y recibieron penas reducidas.
