Terminó el primer estado de excepción del presidente Daniel Noboa, medida que declaró la existencia de un conflicto armado interno y el reconocimiento de 22 grupos terroristas en el territorio nacional.

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A estos se los denominó ‘objetivo militar’ y que desde enero pasado son “blanco y enemigo #1” de las fuerzas del orden; el fin era tratar de recuperar la paz en el Ecuador en un periodo de 90 días. Casi a diario se presentó cifras de miles de detenidos y una minúscula minoría eran considerados terroristas.

El último informe de las tareas realizadas por uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la guerra interna con corte al 29 de marzo, se ponderó que se detuvo a 16.933 personas desde el 9 de enero; cuando entraron en vigencia los decretos ejecutivos 110 y 111. De ese total, apenas 280 eran “por terrorismo”.

Diario EXPRESO solicitó al Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) que detalle en dónde están los capturados en los operativos de la guerra interna y hasta el cierre de esta edición no ha emitido contestación sobre los encarcelados o su situación legal.

Por ende se pidió a la Fiscalía General del Estado que detalle el número de investigaciones iniciadas contra sospechosos por el delito de terrorismo en el marco de la guerra interna. Y tampoco ha emitido respuesta.

Sin embargo, en sus redes sociales manifestó que recién serán llamados a juicio seis personas por el delito de terrorismo ocurrido afuera de las oficinas del SNAI en Quito, cuando explotó un coche bomba el pasado 31 de agosto de 2023.

Pero en un anterior requerimiento realizado a esta institución con corte al 20 de febrero, se expuso que desde la declaratoria se generaron 494 denuncias y 181 correspondían al delito de terrorismo.

Ahí resaltó que no podía dar el número de sospechosos por terrorismo en el conflicto armado interno porque el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales solo arroja la cantidad de procesos en marcha y no de ciudadanos involucrados.

Frente a ese escenario, el medio de comunicación pidió al Consejo de la Judicatura que comunique el número de procesados en el conflicto armado interno por terrorismo y respondió algo similar a la Fiscalía que: “no cuenta con el dato de personas procesadas” porque no cuenta con el sistema de numeración o contabilidad. 

“La información se deriva del SATJE y responde al criterio de procesos judiciales, más no de personas; cuya dinámica procesal varía, conforme el impulso de Fiscalía y las vinculaciones de más personas que realicen conforme el avance de la instrucción fiscal”.

De esta forma se muestra que en las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción, crimen organizado, entre el 01 de enero y el 25 de marzo de 2024 se han registrado un total de 435 causas penales.

Pero tan solo 81 casos son de terrorismo, lo que representa tan solo el 19 % del total ingresado. Y de ese universo, aún no hay un solo proceso resuelto y enfatiza que una de las principales razones es porque han transcurrido apenas dos meses desde su inicio de la declaratoria.

En todo Ecuador hay 23 jueces especializados y encargados de dar trámite a las causas de terrorismo. Ellos se encuentran en la Unidad (8), el Tribunal (9) y la Sala (6) especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.

Los magistrados tienen competencias de índole nacional y llevan los trámites conforme a lo aprobado en la resolución 190-2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura.

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• APLICACIÓN. La aplicación de las políticas a largo plazo sería una alternativa para enfrentar y resolver la crisis de seguridad. Uno de los factores que inciden en la inestabilidad de la paz es la ausencia de un programa permanente “aprobado, socializado” que enfrente con visión integral y preventiva, sostienen expertos.
• ANTICIPACIÓN. Las acciones de inteligencia deben ser fortalecida. Los especialistas apuntan a la anticipación del delito. “En Ecuador no se ha evitado ataques terroristas, siempre se reacciona después de que ocurren las cosas. El servicio ecuatoriano es muy limitado y se investiga de forma focal a un caso mediático”, expuso Egred.
• MEDIDAS: En vista de la carencia de personal uniformado se plantea que se activen las reservas militares para que puedan ser un refuerzo para el personal que está en calle y en operativos de control. Lo idóneo es que se los convoque, se los seleccione y luego se los prepare para que combata el crimen.

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