Cuatro abogados expertos en derecho internacional público integran el equipo que defenderá a Ecuador en los litigios contra México en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tras las demandas cruzadas presentadas por ambos países a raíz del asilo concedido por el Gobierno mexicano a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, y el posterior asalto policial a la embajada en Quito para detener al asilado.

La Procuraduría General del Estado (Abogacía General del Estado) informó este lunes 29 de abril que el equipo integrado por Michael Woods, Sean Murphy, Aldredo Crossato y Omi Sender tiene "probada experiencia" en casos ante la CIJ.

Los mencionados abogados, recomendados por la Dirección de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría y la Coordinación de Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, preparan la defensa con miras a la audiencia de medidas cautelares, prevista para este martes y miércoles.

En un comunicado, la Procuraduría indicó que el embajador de Ecuador en Países Bajos, Andrés Terán Parral, actuará como agente del país andino ante la CIJ.

En la delegación también estará la directora de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, Ana María Larrea.

México denunció a Ecuador ante la CIJ por violar la Convención de Viena, que respalda la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, y este lunes Ecuador ha contrademandado a México por contravenir los convenios internacionales que prohíben dar asilo a procesados por delitos comunes o a condenados en tribunales ordinarios.

Glas tenía una orden de prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción posteriores al fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).

Asimismo, el exvicepresidente tenía pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por cohecho y asociación ilícita, después de que en 2022 saliese de prisión gracias a una polémica resolución judicial de medidas cautelares.

Glas había llegado a la Embajada de México el 17 de diciembre de 2023 para solicitar el asilo al haber rechazado siempre las acusaciones y cargos en su contra y declararse víctima de persecución política y 'lawfare' (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el pasado 5 de abril el asalto a la Embajada de México para capturar a Glas poco después de que el Gobierno azteca le había concedido el asilo político.

CONTRA DEMANDA

En un comunicado, la Cancillería explicó este lunes 29 de abril que la contrademanda también denuncia una presunta interferencia en asuntos internos cuando en los días previos López Obrador relacionó el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral del presidente Daniel Noboa sobre la candidata correíísta Luisa Gonzáález.

La demanda de Ecuador solicita a la Corte Internacional que se declare que México "ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática.

Para el Gobierno ecuatoriano, México también "ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes, y de entregarlas a las autoridades locales competentes".

Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa, donde llegó a ser vicepresidente, cargo que también ocupó al inicio del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021).

La OEA condenó enérgicamente la invasión a la Embajada de México en Quito, en un comunicado donde también instó al debido cumplimiento de las normas de asilo.

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró que la detención de Glas fue ilegal y arbitraria al no haber seguido los procedimientos contemplados para el allanamiento a una sede diplomática, pero mantuvo al exivcepresidente en prisión por la pena de prisión que tiene pendiente terminar de cumplir.