Ruth Hidalgo, directora de Corporación de Participación Ciudadana
Ruth Hidalgo, directora de la Corporación de Participación Ciudadana, durante un pronunciamiento público.Cortesía

Corporación de Participación Ciudadana alerta que cambio electoral afecta democracia

Comicios seccionales serán en noviembre de 2026 tras cambio aprobado en sesión motivada por riesgos climáticos

La organización Corporación Participación Ciudadana expresó este 30 de marzo, en un comunicado publicado en sus redes sociales, su preocupación por el adelanto de los comicios seccionales decidido por el Consejo Nacional Electoral. La entidad señaló que la medida, aunque está dentro de sus competencias, abre cuestionamientos sobre el impacto en la democracia. El pronunciamiento se centra en los efectos del nuevo cronograma sobre el sistema político. También advierte posibles repercusiones en la confianza pública.

El Pleno del organismo electoral aprobó el 27 de marzo una actualización del calendario para las elecciones seccionales. La votación quedó fijada para el 29 de noviembre de 2026. En ese proceso se elegirá a alcaldes, prefectos, viceprefectos, juntas parroquiales y vocales del CPCCS. La resolución se adoptó durante una sesión oficial que empezó a las 14:00.

Durante la reunión se presentó primero un informe técnico del área de procesos electorales. El documento incluyó referencias a un análisis de la Secretaría Nacional de Riesgos. Ese reporte abordó proyecciones relacionadas con la incidencia del Fenómeno del Niño. Este contexto fue parte de los argumentos para modificar el cronograma.

Equidad y organización política bajo presión

La organización sostiene que el adelanto impacta a las agrupaciones políticas en proceso de organización interna. Estas estructuras planificaban sus actividades con base en una elección prevista para febrero de 2027. El cambio, según el comunicado, altera las condiciones de preparación electoral. La entidad afirma que “afecta varios principios democráticos”.

El documento advierte que la medida “vulnera el principio de equidad”. Explica que varias tiendas políticas estaban en pleno proceso organizativo. El ajuste de fechas podría generar desventajas entre actores políticos. La planificación previa queda modificada por el nuevo escenario.

También se señala que el cambio “vulnera los principios de seguridad y certeza jurídica”. Esto se debe a que la fecha había sido aprobada y difundida previamente. La modificación genera dudas sobre la estabilidad de las reglas electorales. El pronunciamiento alerta sobre la previsibilidad del sistema.

Confianza en la institucionalidad electoral

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El comunicado añade que la decisión coloca en cuestionamiento a la institución electoral. La organización insiste en que el organismo debe demostrar imparcialidad e independencia. Las resoluciones, recalca, deben ser estrictamente técnicas y oportunas. Además, deben mantenerse alejadas de coyunturas políticas.

El pronunciamiento subraya que decisiones de este tipo afectan a los actores en contienda. En ese escenario, se advierte un deterioro en la percepción ciudadana. La confianza en los árbitros democráticos podría debilitarse. La organización remarca la importancia de la credibilidad institucional.

El mensaje concluye con una advertencia clara sobre los efectos de la medida. “Cuando estas decisiones afectan a los actores en contienda electoral, se erosiona la confianza en los árbitros democráticos”. La organización cierra su postura con la frase “¡Por la democracia siempre!”. El comunicado reafirma su llamado a preservar la confianza pública.

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