CIDH llama al Gobierno de Ecuador a dialogar para evitar "violaciones de derechos"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo este martes un llamado al Gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa a que establezca un diálogo con los manifestantes para "prevenir violaciones a derechos humanos" cuando se cumplen 23 días desde que inicio el paro nacional indefinido convocado por el movimiento indígena en rechazo al alza del precio del diésel.

"La CIDH insta a las autoridades a establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con las personas manifestantes, con el fin de atender sus demandas y resolver los conflictos sociales pendientes", señaló la Comisión en un comunicado emitido junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).

Además, la Comisión y la Relatoría señalaron que permanecen atentas "ante eventuales violaciones de derechos humanos en el marco de la escalada de violencia durante el Paro Nacional en Ecuador" y que recordaban "que la protesta social está protegida por los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y constituye un componente esencial de la democracia, que exige canales de diálogo efectivos".

En el comunicado, la CIDH hizo un recuento de lo que ha sucedido en el país andino desde que el presidente Daniel Noboa decidió eliminar el subsidio al diésel, el 12 de septiembre de 2025, destacando que tras las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) el Gobierno declaró un estado de excepción que ahora rige sobre doce de las 24 provincias y dispuso la movilización de los militares y policías.

"Durante las movilizaciones, la CIDH tomó nota con preocupación de reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, así como actos de violencia no protegidos por el derecho a la protesta, atribuidos a ciudadanos que se encontraban presentes en las manifestaciones", detalló.

CIDH sobre la muerte de comunero indígena, Efraín Fuerez

El organismo también rechazó la muerte del comunero indígena kichwa Efraín Fuerez, ocurrida el 28 de septiembre en la provincia de Imbabura, donde las protestas se han intensificado durante estas cuatro semanas.

Según la CIDH, la muerte de Fuerez, que la Conaie atribuye a los militares, ocurrió en un "contexto de enfrentamientos".

"Hasta la fecha, según reportan algunas organizaciones, se registraron al menos cien personas heridas; cien detenciones, doce personas desaparecidas; así como doce personas procesadas por supuestos actos de terrorismo", alertó la Comisión.

Mientras que desde el Gobierno se denunció ataques contra las fuerzas de seguridad, contra dos caravanas de vehículos lideradas por el presidente Noboa hacia Imbabura y otra hacia Cañar y que "el crimen organizado se ha infiltrado en las manifestaciones".

Las agresiones a periodistas también preocupa a la CIDH

La Comisión aseguró que el Estado ecuatoriano había reiterado "su reconocimiento de la protesta social como forma legítima de participación democrática, 'siempre que se ejerza de manera pacífica y sin afectar los derechos de terceros'" y que había actuado "conforme los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad para proteger los derechos de la ciudadanía".

La RELE, por su parte, registró al menos 21 casos de agresiones físicas y hostigamiento contra periodistas y trabajadoras de medios durante la cobertura de manifestaciones, presuntamente cometidos tanto por manifestantes como por fuerzas de seguridad estatales.

La CIDH recordó que "la protesta pacífica es un pilar de las sociedades democráticas" y que "debe ser protegida".

"El uso de la fuerza solo puede aplicarse de manera excepcional y conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, de acuerdo con los estándares interamericanos. En este marco, el uso de armas de fuego en operativos de control de manifestaciones está estrictamente prohibido", advirtió.

"La Comisión exhorta al Estado ecuatoriano a investigar de forma imparcial y diligente las denuncias de uso excesivo de la fuerza, y a juzgar y sancionar a las personas funcionarias responsables de violaciones de derechos humanos", señaló el organismo.

Y añadió que "la participación de algunas personas en actos de violencia no puede justificar la deslegitimación de toda la protesta ni la restricción de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente".

"En estos casos, las fuerzas de seguridad deben actuar de manera diferenciada, aislando a quienes recurren a la violencia y respetando los estándares internacionales de derechos humanos", concluyó. 

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