Politica, escandalo y ofensa

Parece que algunos líderes y partidos buscan poner de moda el escándalo y la ofensa, pues en la mayoría de los casos de corrupción, reales o ficticios, se esfuerzan por crear un “efecto de distracción”, de calumnia y entretenimiento, para ocultar hechos de real importancia que se han dado a conocer en el país, como el caso Odebrecht.

No es bueno que esta situación se dé. El político serio actúa de otra manera. Primero investiga, hace acopio de la información básica, obtiene todos los datos necesarios y con estos hace la denuncia para probar que tal evento de corrupción se ha dado. Esto sucede en el actual proceso electoral, en el que se realizan denuncias para escandalizar. Tal accionar funciona como distractor del mayor hecho de corrupción (Odebrecht), que consta en los juicios que se ventilan en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Sin embargo hay un interés político oculto que se mueve entre sombras y que aprovecha la actual situación electoral para generar escándalo. En el marco de denuncias y política, el alcalde de Guayaquil ha pedido que Contraloría le confirme tres cosas: si el Gobierno central a través de la entidad competente pagó por expropiación $ 21,82 por metro cuadrado para adquirir los terrenos del parque Samanes; si pagó $13 por metro cúbico de relleno del mencionado lugar; y si pagó alrededor de $ 12 millones por la construcción de la vía de acceso al proyecto Socio Vivienda.

Es lamentable que al alcalde, quien ha merecido el respeto y preferencia de los guayaquileños, por motivos electorales y buscando distraer de los problemas reales de corrupción, se intente afectarlo con escándalos.

Es preciso acoger la denuncia sobre la diferencia de precios en los terrenos de Samanes y de la vía de acceso al proyecto Socio Vivienda, que corresponden al Gobierno central. Las autoridades de control deben investigar estos hechos y la ciudadanía ser un actor que vigila, pues no cabe que en un mismo lugar de Guayaquil el precio del metro cuadrado difiera tanto entre los adquiridos por el Municipio y los que fueron comprados por el Gobierno.

En todo caso, las investigaciones que se hagan establecerán qué ha pasado y si se ha actuado o no con transparencia.