Los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil que conocen el proceso de tráfico ilícito de armas de fuego, seguido en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, buscan asegurar la comparecencia de testigos.

A un mes de la audiencia de juzgamiento, señalada para el próximo 2 de septiembre de 2021, se emitieron las citaciones a los policías que han sido mencionados como testigos en el caso, solicitados en su mayoría por la Fiscalía Provincial del Guayas.

Son diez uniformados de diferentes rangos del Comando de la Zona 8, quienes colaboraron en la investigación durante la instrucción fiscal, que se abrió a mediados del año pasado.

En oficios dirigidos tanto a la Dirección General de Personal de la Policía Nacional, como a Talento Humano del Distrito Metropolitano de Guayaquil y a la Policía Judicial del Guayas, el tribunal dispuso que se notifique a los investigadores y peritos para que comparezcan personalmente a la audiencia, a fin de que rindan sus testimonios. Esto, bajo prevención que, de no hacerlo, se procederá contra ellos mediante la fuerza pública, tal como lo prevé el artículo 130 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). Además se los advierte de iniciar un expediente por el incumplimiento de decisiones de autoridad competente y contra la eficiencia de la administración pública.

Esta es la sexta ocasión que el tribunal, encabezado por el juez Felipe Sarmiento, convoca para la audiencia de juicio para resolver la situación jurídica de Bucaram Ortiz.

La quinta convocatoria fue declarada fallida a costa del procesado, quien ha argumentado su ausencia por cuestiones de salud y de estar en otras diligencias, lo que no ha sido acogido por el tribunal.

Ante eso, Sarmiento solicitó a la jueza que lleva el proceso de delincuencia organizada en Quito, para que informe si Bucaram compareció a la audiencia señalada para el 21 de junio de 2021, a partir de las 10:00. Si fue de forma presencial o por vía telemática, además, si presentó algún certificado médico y hasta qué hora duró esa diligencia.

También se dispuso a la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, un informe con respecto al cumplimiento de las presentaciones periódicas a las que está obligado a cumplir el exmandatario, conforme lo dispuso el pasado 27 de enero de 2021, tras reformarse la presentación diaria. De no cumplir con las medidas impuestas, se podrían revocar y ordenar otras para asegurar su presencia al juicio.

El caso de tráfico ilícito de armas de fuego se derivó de un allanamiento a la vivienda de Bucaram, el 3 de junio de 2020, dentro de las investigaciones que emprendió la Fiscalía General del Estado tras denuncias de corrupción que se desvelaron durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

También se abrió otro proceso por el delito de tráfico ilícito de bienes patrimoniales, en el que fue absuelto por el juez Juan Carlos Terán, de la Unidad Judicial Florida Norte. A esas causas se suma otra por delincuencia organizada, en Quito, en el que fue investigado con su hijo Jacobo Bucaram, tres exagentes metropolitanos y otras personas. El proceso fue anulado en primera instancia, pero en un recurso de apelación se revocó esa decisión, por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

La Fiscalía Provincial del Guayas abrió otra investigación previa contra el exmandatario por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, a solicitud del tribunal que lleva el juicio de tráfico de armas, por su inasistencia al juzgamiento.