Entre el cielo y la tierra, nada está dicho, y menos en la justicia. Hace un mes, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y sus defensores aplaudían la decisión de una jueza que anuló uno de los procesos que se sigue en su contra y otras seis personas más, entre ellos, su primogénito Jacobo Bucaram. Hoy, condenan la decisión que tomó un tribunal de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que dejó sin efecto esa nulidad y dio vía libre para que continúe el caso de delincuencia organizada, que investigó supuestas irregularidades en la comercialización de 21 mil pruebas de diagnóstico para la detección de COVID-19.

Es el revés que ahora sufre el exmandatario, dentro de las investigaciones que enfrenta desde el 3 de junio de 2020, tras el allanamiento de su domicilio, como parte de un megaoperativo que realizó la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado, que ese día se estrenaba para investigar exclusivamente casos de presunta corrupción, denunciados en plena pandemia del coronavirus.

El tribunal superior no solo revocó el auto de nulidad dictado el 25 de junio del presente año, por la jueza Verónica Medina Niama, de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito de Quito, sino que tachó su actuación de indebida y sancionó a tres abogados que actúan en el caso.

Ayer, el Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió a la juzgadora, como medida preventiva. Dicha decisión, según señaló mediante un comunicado la presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, fue resuelta tras la declaración de manifiesta negligencia por parte de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

La Judicatura señala que, según el informe que sustenta la medida, la jueza declaró el auto de nulidad por una posible vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, en el presunto delito de delincuencia organizada.

La suspensión busca, además, precautelar el servicio de justicia, en especial con los trámites y procesos judiciales que se encontrarían a cargo de la servidora judicial y que deben ser atendidos con la debida diligencia, eficiencia, probidad, honestidad y correcta actuación. Adicionalmente, Maldonado dispuso revisar todas las acciones de los abogados que son parte del caso, que se lleva en Quito.

La revocatoria del proceso se dio en la audiencia del recurso de apelación que presentó la fiscal Lidia Sarabia, en contra del auto de nulidad que dictó la jueza Medina, quien además podría enfrentar un expediente disciplinario.

Tras la decisión de la Sala, en caso de que no se presenten recursos de aclaración o ampliación, el proceso pasaría nuevamente a la Unidad Judicial para que sea conocido por otro juez y se retome la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que quedó trunca por la nulidad.

Y, como nada está dicho, hay otro recurso de apelación que el fiscal Eduardo Díaz presentó en contra del fallo que dictó el juez Juan Carlos Terán, de la Unidad Judicial de la Florida Norte, en Guayaquil, dentro de la causa de tráfico de bienes del patrimonio cultural, que concluyó con un sobreseimiento a favor de Bucaram.

Aunque el recurso fue presentado el pasado 20 de julio, aún no se ha dado trámite para que sea revisado por la instancia superior (Sala Especializada Penal de la Corte del Guayas), la que podría confirmar, modificar o revocar esa decisión del juez Terán.

Un caso que llevó a la Fiscalía a proteger al agente fiscal por las supuestas amenazas de muerte que recibió, luego de presentar la impugnación por escrito.

Un juicio que no avanza por excusas

Abdalá Bucaram enfrenta en Guayaquil un juicio por el delito de tráfico de armas de fuego, que no ha podido avanzar por su ausencia.

El tribunal que lleva el caso, encabezado por el juez Felipe Sarmiento, declaró fallida la quinta convocatoria de la audiencia de juzgamiento, a costas del procesado. Lo que, además, generó que se remitan copias de la causa a la Fiscalía Provincial de Guayas, para que se inicie una nueva investigación por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Dentro de la causa, el tribunal también dispuso una multa económica a dos defensores del exmandatario.