El interpelante Roberto Gómez cantó victoria: dijo que la comparecencia del comandante de la Policía en el juicio político contra María Paula Romo sirvió para ratificar los cargos en lugar de desvirtuarlos. La socialcristiana Mercedes Serrano incluso dictó sentencia adelantada: culpable. El general Patricio Carrillo, sin embargo, primer testigo solicitado por la ministra de Gobierno, hizo lo posible por exculparla. Su presencia aportó perspectivas nuevas a un juicio convertido por el correísmo, hasta la fecha, en resumen de las actas de la comisión que investigó la crisis a fines del año pasado.

Pazmiño se presentó a su cita virtual rodeado del mando de la Policía y con un cinturón de tropas de asalto sirviéndole de escolta, en el mismo despliegue de unidad de cuerpo de que hace alarde la ministra cada vez que se pronuncia sobre el juicio político. No se sintió cómodo durante su comparecencia: lo trataron como a un crío. “¿Es usted obediente o deliberante, general?”, le preguntó el correísta Bairon Valle. Y Gómez: “¿Está usted familiarizado con el hecho de que usted responde al Poder Ejecutivo?”. Obviedades, preguntas retóricas planteadas con vaga pero recurrente condescendencia. Al final de la sesión, la también interpelante Lourdes Cuesta intentó someterlo a chantaje emocional: le preguntó cuál es “la sensación y el sentimiento de la Policía” cuando la ministra les echa la culpa a ellos de todo lo ocurrido en octubre y hasta les entrega armas caducadas. Pero le fue pésimo. La respuesta del general la bajó por un tubo: “Si alguna vez hemos recibido respaldo -dijo- ha sido en esta administración. Lo estamos viendo en el caso de los fondos de la Policía” (Isspol).

El correísmo (en especial su interpelante, Amapola Naranjo) continúa desarrollando el juicio como si de una expedición de pesca se tratara: lanzando preguntas al azar por si alguna resulta, siempre en relación con un supuesto abuso de la fuerza policial del que responsabilizan a Romo. Es Roberto Gómez quien se mantiene fiel al guion que consta en el expediente. Dos acusaciones lucen especialmente fuertes: una que responsabiliza a la ministra Romo por el ataque con gases lacrimógenos a los llamados “centros de paz” (las universidades y la Casa de la Cultura) y el caso de los gases caducados que se utilizaron (con poco resultado) para reprimir manifestantes.

Con respecto al primero, Carrillo negó que el ataque fuera perpetrado por la Policía (“no fuimos la única fuerza en servicio”, dijo, dando a entender que quizá habría que preguntar a los militares) y desvirtuó el concepto de “centros de paz”, usado según él con demasiada imprecisión. La doctrina de los centros de paz, dijo, corresponde al derecho internacional humanitario y se aplica en caso de conflictos armados. “¿Estamos asumiendo que hubo un conflicto armado en el Ecuador?”. ¿Intervino la ONU en el establecimiento de esos “centros de paz”?

Lo de los gases caducados parece más complejo, y esa puede ser la causa de que los correístas no terminen de entender de qué va la cosa. Bairon Valle volvió a hablar de “ataque con gases caducados” como si estos constituyeran un peligro especial para las personas, cuando lo que ocurre es exactamente lo contrario: pierden su efecto. Gómez sí lo entiende y argumenta que los gases caducados dejan a los policías en la indefensión. Y cita el reglamento al código de entidades de orden público: “Disponer el uso de equipos en mal estado” es una “falta grave”.

¿Es la ministra la responsable de la dotación de armas a la Policía? “Sí”, respondió Carrillo. A Gómez poco le faltó para lanzar cohetes. Sin embargo, el comandante de la Policía la desvinculó del esquema de decisiones: la autorización para usar los gases caducados vino del alto mando, previo informe técnico que garantizaba su inocuidad. Según su versión, no había más remedio: la dotación de gases se había agotado porque nadie estaba preparado para una crisis como la de octubre.

Sin ley para el uso de la fuerza

“No tenemos una ley para el uso gradual y progresivo de la fuerza. Esa es una deuda que tiene la Asamblea con la Policía”: así, el comandante general, Patricio Carrillo, contraatacó a los interpelantes. Dijo también que, durante los doce días de manifestaciones en 150 puntos del país, se usaron 38.539 unidades de gas lacrimógeno: diez por hora, según sus cálculos.