Una coalición de ONG de derechos humanos ha exigido este 24 de junio al Gobierno de Ecuador "atención urgente" para las comunidades afectadas en situación de emergencia humanitaria por el desbordamiento de dos ríos en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.

En un comunicado, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, integrada por 18 organizaciones, precisa que desde el 12 de junio las precipitaciones que se registraron en esa región amazónica provocaron el desbordamiento de los ríos Putumayo y San Miguel, "generando afectaciones al menos a 15 comunidades indígenas y campesinas asentadas en sus orillas".

Calculan que las inundaciones, que anegaron la ciudad de Puerto El Carmen, cabecera cantonal de Putumayo, han afectado a unas 3.369 personas en la región.

"La emergencia humanitaria ha sido alertada prontamente por las comunidades y organizaciones acompañantes", abundan las ONG, "sin que el Estado haya adoptado medidas concretas y eficientes para atender las necesidades de estas personas y comunidades".

Los daños provocados por las inundaciones han alcanzado viviendas y provocado la pérdida de cultivos, el ahogamiento de especies menores, afectaciones a infraestructura comunitaria de energía y agua potable, entre otras.

Denuncian asimismo que las autoridades no han hecho seguimiento técnico ni monitoreo al aumento del caudal de los ríos, con el fin de emitir las alertas de gestión de riesgo que corresponden.

Recuerdan en el comunicado desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos que las vulneraciones a estos no solo se dan por acción, sino también por omisión, "al no actuar frente a los riesgos, reales e inmediatos que, en este momento, sufren, al menos, 15 comunidades indígenas y campesinas".

Por último, las ONG exigen al Estado, "en todos sus niveles de Gobierno", la implementación de "acciones urgentes, efectivas y culturalmente adecuadas de atención, apoyo, contención y mitigación de las presentes y futuras inundaciones".

Y piden el establecimiento de mecanismos eficaces de seguimiento, alerta y comunicación de incidentes de este tipo, que permitan a las comunidades prepararse ante estos riesgos derivados de la naturaleza al objeto de minimizar su impacto sobre de los mismos.