Los 17 sospechosos de posible cohecho en Petroecuador que involucra a Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de la petrolera, esperan fecha para la audiencia preparatoria de juicio.

El caso se cerró el 18 de marzo. La fiscal Ivonne Proaño, quien investigó la presunta trama de corrupción en la que Arias fue señalado como aparente líder de una estructura delincuencial pidió fecha para presentar su dictamen. A Arias se le adjudica la recepción de sobornos para beneficiar a comercializadoras transnacionales.

Los investigados, de ser llamados a juicio y sentenciados, podrían recibir hasta siete años de cárcel. Todos excepto uno: Lenin Esteban Armijos Játiva, quien aceptó someterse al procedimiento abreviado. Él podría recibir meses de prisión. Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, cree que Armijos podría recibir máximo 28 meses porque la pena se podría reducir en un tercio.

Fue parte de los primeros sospechosos que recibieron cargos en noviembre de 2022. Luego fueron vinculados 10 más. Entre ellos Arias y nueve personas relacionadas a Gunvor y Vitol.

• Colaboración en los EE. UU.

Como otros casos que ha empezado la Fiscalía con asistencia penal internacional, en el de Petroecuador la información también vino de ese país que procesó a Nilsen Arias por presunto delito de conspiración para cometer lavado de activos. En la audiencia la fiscal señaló: “Nilsen desveló datos, por lo que empieza la investigación”. 

¿Quién es Lenin Armijos? Fue asesor legal de la Gerencia General de Petroecuador. La Fiscalía coligió que, en su cargo de asesor era el enlace entre el gerente general y el gerente de Comercio Internacional de Petroecuador (Nilsen Arias) y quienes ocuparon también este cargo como el procesado. Fue acusado como presunto autor del delito.

En la formulación de cargos la Fiscalía dijo que registró ingresos de 2010 a 2021, ingresos y giros recibidos desde 2010 a 2022 y registro de depósitos con una diferencia entre sus ingresos y egresos es de 43.819 dólares.

En la audiencia su defensor Joseph Sánchez cuestionó las acusaciones de la Fiscalía porque, según él, no había evidencias de que su cliente sea autor del delito ni se había demostrado cuál fue el acto específico en esa participación. Criticó que no se pueda responder con qué, cómo, cuándo, dónde, promesa, ventaja, beneficio económico indebido, la Fiscalía se basó para decir que Armijos pertenecía a asesoría de la estatal.

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Añadió que se mencionó a contrataciones de 2017, una versión en la que existiría incoherencia, entre otras cosas. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Es un tipo especial contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Debe ser planteado desde la formulación de cargos hasta la audiencia preparatoria y en infracciones con pena de hasta diez años. Tiene excepciones: secuestro, contra la integridad sexual o de violencia sexual contra la mujer.

Solo se aplica si es que el procesado consiente tanto la aplicación del juicio abreviado como la admisión del hecho atribuido. El COIP dice que en ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por el fiscal. La audiencia del abreviado, una vez solicitada, debería convocarse en las 24 horas siguientes.

Hasta el cierre de este reportaje no se había fijado fecha de diligencia preparatoria en la que la fiscal presentará su dictamen. María Teresa Torres defiende a una de las procesadas en el caso. “Lo único que espero es que se haga justicia y se resuelva con objetividad en derecho. Que el juez tenga la claridad y la imparcialidad necesaria para que su resolución rompa cualquier tipo de prejuicio y de criterios subjetivos que pudieron haberse tergiversado por interpretaciones mediáticas que no necesariamente corresponden a la realidad procesal”, dijo. Su cliente es cónyuge de un colaborador de la justicia de EE. UU.