Uno de los mayores seguros estatales está en el mercado, de nuevo. La empresa pública Petroecuador inició, el 4 de mayo de 2020, el proceso para la contratación de su seguro para todo riesgo. En los últimos años, ese contrato ha estado en manos de la empresa con capital estatal, Seguros Sucre.

Sucre tuvo el contrato no solo por la adjudicación directa, sino por las múltiples prórrogas que se hicieron al proveedor. Concursos interrumpidos y declaratorias de desierto provocaron que el acuerdo con Sucre se extienda por casi un año adicional.

La nueva contratación tiene varias particularidades. La más evidente, que Sucre tiene más competencia si quiere volver a adjudicarse más de 39 millones de dólares.

Para este proceso, según los pliegos de contratación entregados al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), ya no se exige una calificación de la aseguradora interesada de A+. Ese requisito limitaba el número de oferentes y por eso, Sucre terminaba con el contrato millonario. Ahora, la calificación exigida es de A. Bajo eso cambio se pudo invitar a más de 31 empresas para participar.

¿Por qué el aparente distanciamiento entre Petroecuador y Seguros Sucre? Tal como publicó EXPRESO, el 17 de abril de 2020, la petrolera exige el pago de 32 millones de dólares que adeuda Sucre por una cobertura anómala. El caso fue llevado hasta la justicia y, luego de años de litigio, se llegó a una sentencia final.

La demanda entre Petroecuador y Sucre tiene larga data. En 2003, Seguros Rocafuerte, que más tarde fue fusionado con Sucre, tuvo diferencias con la petrolera por la prestación de sus servicios. El caso llegó hasta mediación de la Procuraduría pero no hubo acuerdo entre las partes.

Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, envió una carta, a inicios de abril de este año, pidiendo el pago de forma inmediata.

El seguro solicitado, y que está en fase de preguntas y respuestas de los interesados, tendrá un valor de 39,97 millones de dólares y durará dos años contados a partir de la adjudicación estimada para la segunda quincena de junio.

El monto, sin embargo, podría variar en medio de la prestación del servicio de aseguramiento. Petroecuador está en medio de una valoración de activos que no se ha podido realizar desde 2016. Una calificadora española realiza ese trabajo desde febrero y el resultado podría ser mayor o menor a la contabilización hecha para otorgar el seguro. En ese caso, Petroecuador y la contratada tendrán que revisar y devolver dinero.

La valoración actual, que no tiene firma de responsabilidad internacional, asegura que los bienes de Petroecuador ascienden a los 6.000 millones de dólares. Ese valor es cuestionado por el mal estado, por ejemplo, de la Refinería de Esmeraldas.

La emergencia sanitaria provocó un cambio adicional en el proceso de contratación. A diferencia de años anteriores, todo el proceso puede hacerse de forma digital y no se garantiza que haya una apertura de sobres pública. Eso significaría aglomerar en un mismo sitio a personal de Petroecuador, medios y los oferentes.