La participación de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, está en vilo. Hoy, miércoles 23 de noviembre, el Pleno sesionó con la participación de 123 legisladores para tramitar el informe del Comité de Ética en el que se recomienda la destitución de Llori como asambleísta por, presuntamente, haber violado el artículo 163 de la Ley Legislativa, numeral cuatro. Con el que se prohíbe a los funcionarios “percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta”.

Este informe se da tras la denuncia planteada por Johanna Ortiz, de la bancada correísta UNES, que señaló a Llori de haber arrendado una Ford Explorer para su movilización en días no laborables; financiado con los recursos económicos del equipo de funcionarios a su cargo. Esto, luego de no concretar la compra de nuevos vehículos para la Asamblea Nacional.

Llori, durante su intervención, sostuvo enérgicamente que la denuncia en su contra “no tiene asidero legal”, y es más bien la continuación de una persecución política de la que ha sido víctima por años.

También, aseveró que la denuncia por la que se la investiga, tiene el mismo objeto que la denuncia presentada, en abril pasado, por Marcela Holguín en su contra por el supuesto alquiler de un vehículo de alta gama para su uso personal. “No se puede, según la Constitución, juzgar a una persona más de una vez por la misma causa”.

Dicha denuncia, recordó Ortiz, en su intervención, fue archivada y no fue procesada por el Consejo de Administración Legislativa. Es por eso, aseguró, que el Comité de Ética admitió la denuncia y procedió a realizar una investigación.

La asambleísta de UNES señaló que Llori fue quien ordenó el alquiler del vehículo, y que conocía que este era costeado con la remuneración de los funcionarios a su cargo. Pues aseguró, que el pasado 2 de febrero, la expresidenta de la Asamblea, reunió a su equipo de trabajo para informarles que se les devolvería los valores invertidos por el alquiler del automotor para su uso personal. “No es que ella, pobrecita, no sabía en qué se movilizaba. Fue ella quien solicitó el alquiler del vehículo para su uso”, añadió Johanna Ortiz.

Llori solicitó al Pleno archivar el informe del Comité de Ética para continuar con sus actividades e insistió en que “este proceso administrativo disciplinario responde a una persecución política en mi contra”.

A esta ahora, el Legislativo continúa debatiendo el informe de Comité de Ética para proceder a votación.