El proceso penal por lavado de activos contra Pedro Merizalde Pavón, exgerente de la Refinería del Pacífico, avanza a paso lento. Desde hace tres meses, la Fiscalía ha intentado presentar su dictamen, pero la audiencia preparatoria de juicio ha tenido dos fechas fallidas, primero el 30 de octubre, después se señaló para este lunes 11 de diciembre y ahora hay un nuevo pedido de diferimiento.

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Lo presentaron los abogados Franklin Bravo y Gonzalo Bravo, defensores de Merizalde. La tarde del jueves 7 de diciembre presentaron en la oficina de recepción de escritos una solicitud de diferimiento de la audiencia convocada para el 11 de diciembre de 2023 a las 08:30. Según los abogados, su pedido se sustenta en que “existirían unas diligencias pendientes de retorno de EE.UU.”, cuyos documentos los defensores no han podido revisar.

La jueza Karol Zambrano Macías, encargada del despacho del juez Vicente Hidalgo Maldonado, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, pidió a la Fiscalía que indique en el término de 72 horas si las diligencias a las que hace referencia la defensa del procesado no han sido puestas en conocimiento de la defensa y si se encuentran pendientes de retorno desde EE.UU.

Merizalde, su esposa Zoa Fe Torres Arandy y la offshore panameña Horgan Investment son procesados por un presunto lavado de activos. En la formulación de cargos del 19 de mayo, el fiscal del caso dijo que el 29 de octubre de 2012, mientras Merizalde era gerente de la Refinería del Pacífico habría constituido en Panamá la offshore Horgan Investment con el fin de recibir allí dineros productos de presuntos sobornos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en 2021 a la Fiscalía ecuatoriana que Pedro Merizalde recibió $ 150.000 que fueron pagados desde una cuenta en el Banco UBS AG, de Zúrich, de la Operadora BLC S. A., propiedad de William Phillips, dueño de GrupoAzul y contratista de Petroecuador.

Merizalde, que fue funcionario durante el gobierno del prófugo expresidente Rafael Correa, tiene medidas sustitutivas a la prisión: debe presentarse tres veces por semana en el Complejo Judicial y tiene prohibición de salida del país.

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