La pugna por la toma del control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) alcanzó ayer su punto más álgido y el organismo ahora tiene dos presidentes y dos vicepresidentes reclamando la dirección.

Por un lado, está la nueva mayoría conformada por Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, que ayer sesionó en Quito y nombró a este último como el titular de la entidad. Por el otro, Sofía Almeida, que primero desde Guayaquil y en la tarde desde la capital reclamaba la presidencia del CPCCS.

Esto en medio de los procesos de selección de autoridades de organismos de control como la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Compañías o la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe organizar las elecciones seccionales de 2023.

Almeida denuncia que hay un intento de tomarse la entidad “por asalto” precisamente para “designar a dedo” a las nuevas autoridades en los procesos que, en algunos casos, llevan varios meses de retraso precisamente por los conflictos internos del CPCCS.

La funcionaria apuntó ayer las intenciones que, según ella, hay detrás de la remoción. “Presidente (Lasso), le pido que se saque las manos del Consejo de Participación Ciudadana... Le pido que haya respeto a las decisiones... Esto podría entenderse como una injerencia de otra función del Estado”, señaló dando a entender que el Gobierno está de lado de la mayoría.

• Almeida llegó en la tarde de ayer al CPCCS y denunció una supuesta ruptura de cerraduras en las oficinas del organismo.

• Ingresó a la oficina de presidencia y exigió que Ulloa salga porque estaba recusado desde las 13:00.

Por su parte, Ulloa también tiene sus cuestionamientos. Asegura que el actual reglamento para el concurso de designación del titular de la Contraloría está diseñado “para tomarse por asalto” la entidad de control, aunque no ha especificado en beneficio de quién. Por eso, se plantea desde esta facción una revisión a los reglamentos de los concursos.

¿Cuál es la importancia de captar la presidencia del organismo? Desde este espacio se define el orden del día de las sesiones del pleno, entre otras atribuciones. Es decir, la inclusión en el debate de las reformas a las normativas de los concursos, así como acelerar o frenar los mismos.

La mayoría acusa a Almeida de haber suspendido, sin justificación, al menos 14 sesiones ordinarias y ocho extraordinarias desde que asumió la presidencia en octubre de 2020.

Eso habría generado retrasos en la designación de autoridades. Además, la señalan por concentrar toda la información de los concursos de designación y no socializarlos con el resto de consejeros, especialmente de aquellos que antes eran minoría y ahora dominan el organismo.

Ayer, también fue removido el vicepresidente del CPCCS, David Rosero, quien es cercano a Almeida y debía asumir la presidencia ante la remoción. En su lugar fue designada Rivadeneira. Ulloa anunció que enviarán una consulta a la Procuraduría y otras instancias para conocer si avalan el procedimiento aplicado y se ratifican las decisiones adoptadas.

Resolución

La mayoría se valió de la decisión de la jueza de Samborodón, Larissa Ibarra, que revocó temporalmente la medida cautelar que impedía tratar la remoción de Almeida.

Audiencia

La magistrada convocó para hoy a las 09:00 en la Unidad Judicial de Samborondón a una audiencia en la que las partes presentarán sus argumentos antes de tomar una decisión.