Parlamento sin mayoria absoluta

Se suponía que la elección que acaba de tener lugar en el Reino Unido iba a arrojar un gobierno “fuerte y estable”. Terminó consiguiendo lo contrario: un parlamento sin una mayoría absoluta y la posibilidad de otra elección general más avanzado el año. Mientras, el reloj sigue corriendo para concluir las negociaciones con los otros 27 miembros de la UE sobre el retiro del RU. Para cualquiera que tenga idea de lo exigentes y complicadas que serán las conversaciones por el “brexit”, y de lo mal preparados que están para ellas los políticos y los funcionarios británicos, la perspectiva es desalentadora. Un parlamento sin una mayoría absoluta, en momentos en que los Tories intentan formar un gobierno minoritario, podría inclinar la política británica en dirección de un “brexit” más blando, por lo menos en términos de la futura relación comercial con la UE, pero tal vez deje a los líderes políticos del RU en peores condiciones para llevar adelante las negociaciones. Los británicos tendrán que esperar que los líderes de la UE estén dispuestos a mostrar cierta compasión. Además, la economía del RU enfrentará desafíos importantes aun sin el “brexit”. Uno es el abismo entre ganadores y perdedores del comercio y la tecnología, brecha que ayuda a explicar el voto “pro-brexit” del año pasado. A esto se vincula el nivel sorprendentemente bajo de productividad del RU. Las regiones del país con un desempeño peor del esperado deben mejorar sus resultados. El voto del “brexit” torna doblemente necesario centrarse en estas regiones más pobres, encarar la política divisiva que apuntaló la estrecha mayoría del “leave” (irse) y minimizar el daño económico que seguramente causará la ruptura con los principales socios comerciales del RU, sobre todo si la negociación no es buena. Si bien la política industrial está en línea con los instintos corporativistas de May, las clases políticas del RU han sido alérgicas a la idea desde fines de los años 1970. Esta alergia es particularmente fuerte entre aquellos que la equiparan con subsidios y exenciones impositivas. Sin embargo, considerando que el gobierno interviene constantemente en la economía, tiene sentido pensar en sus acciones e interacciones con el sector privado de una manera mucho más estratégica. Algunas políticas industriales fuera del radar -o hasta accidentales- han sido bastante exitosas. La justificación económica para la política industrial es convincente en la medida que se la entienda como un vehículo para una coordinación estratégica, la mancomunación de riesgos y el suministro de bienes públicos. Los viejos errores -apuntalar industrias deficitarias o apostar a tecnologías específicas- pueden evitarse en gran medida a través de políticas sólidas en materia de competencia y ayuda estatal, y cláusulas de suspensión para asistencia específica. Una visión estratégica reconocería los beneficios para la productividad de crear nuevos conglomerados en otras partes -como las medidas accidentales que ubicaron a las automotrices del RU en el noreste de Inglaterra y cuando la BBC trasladó a otra región parte de sus operaciones. El verdadero desafío será establecer un marco político e institucional para implementar iniciativas viables, y forjar la interacción gubernamental con el sector privado.