Representantes de varias organizaciones sociales se pronunciaron este 23 de abril de 2024 para exigir al Gobierno que los recursos destinados al pago de indemnizaciones de empresas extranjeras se reinviertan en áreas sociales.

Ivonne Yanez, presidenta del colectivo Acción Ecológica, dijo en una rueda de prensa que con los votos que apoyaron el No de las preguntas D y E (arbitraje internacional y contrato de trabajo por horas) del referéndum la ciudadanía abrió posibilitó el ejercicio de los derechos sobre temas ambientales.

También hay preocupación sobre la aplicación de las preguntas en las que ganó el Sí, como la A que se refiere al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía, añadió.

Marcela Arellano, presidenta de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), expresó que el 21 de abril hubo un pronunciamiento de la ciudadanía por la seguridad ciudadana, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo digno y por la soberanía nacional.

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La dirigente sindical sostuvo que por lo tanto el presupuesto que el Gobierno tiene contemplado para pagos por indemnizaciones a empresas transnacionales, por arbitrajes internacionales, debe ser reinvertido en salud y educación.

Además, indicó que otra medida que debe implementar el Gobierno es generar políticas públicas de fortalecimiento del aparato productivo. "Esta consulta es vinculante y demanda al Estado acciones concretas para generar empleo y cuidar la soberanía nacional", agregó

Pablo Fajardo, asesor jurídico de la Unión de Afectados por Texaco, y demandante del caso Chevrón, manifestó que el domingo hubo un perdedor.

"Hay un claro perdedor y ese perdedor son las empresas transnacionales que querían imponer el arbitraje internacional como mecanismo para saquear nuestra economía, menguar o debilitar los derechos de comunidades, trabadores y pueblos ellos perdieron el domingo", afirmó.

Dijo que la decisión en las urnas, aunque aún no hay un resultado oficializado por el Consejo Nacional Electoral, es un llamado contundente al Estado ecuatoriano para que no se someta más a arbitrajes internacionales.

También hacen un llamado a la Corte Constitucional. Fajardo recordó que el expresidente Guillermo Lasso firmó el decreto para que Ecuador retorne al sistema del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Las organizaciones piden a la Corte que resuelva rechazar esa reintegración.

Vivian Hidrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, señaló que el apoyo de los militares a la Policía debe ser entendido en relación a las funciones que les permiten actuar contra el crimen organizado y no utilizar a las Fuerzas Armadas "como guardias privadas de las empresas". Ejemplificó el caso de Palo Quemado, donde según dijo se utiliza a los militares como fuerza de choque contra las comunidades que se oponen a la minería.

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