Con un nuevo logo y homologación de normas se busca dar mayor identidad y alcance a la producción orgánica del país. Un mercado que, dentro o fuera, se muestra prometedor, aunque por delante tenga una ardua tarea de ir corrigiendo procesos para poder posicionarse.

El trabajo de reinventar a este sector lo inició la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad), con el lanzamiento del primer logo nacional para este tipo de productos, ya registrado en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

El fin es que el consumidor pueda identificar de manera más sencilla los productos más saludables (al cultivarse o procesarse sin uso de pesticidas o químicos) y que la oferta gane mayor aval en el mercado internacional.

El uso de este logotipo, mencionó Euro Torres, coordinador general de Inocuidad de Alimentos de Agrocalidad, será obligatorio y productores y comercializadores deberán irlo adoptando, conforme vayan reemplazando sus actuales etiquetas.

Este mercado, que empezó a desarrollarse hace 5 años, aún carece de estadísticas oficiales que reflejen lo que mueve en su totalidad. Lo que se conoce es que se nutre de un cultivo vasto de alimentos orgánicos que, según Agrocalidad, viene desarrollándose en los últimos años. En el país existen 33.921 hectáreas de cultivos que están registradas con esa denominación, 15.611 de ellas están en Guayas, lo que la convierte en la provincia de mayor oferta. La mayoría está dotada de banano y cacao que sirven no solo como exportación primaria, sino como materia prima de productos industrializados: snacks, café, frutas IQF orgánicas, pulpa de frutas, quinua, panela y aceites orgánicos tienen a EE. UU. y Europa como sus principales destinos.

La propuesta de cambio genera expectativa e incertidumbre en el sector. Para Luis León, propietario de Fresh Costa, una exportadora de chocolate orgánico, la gran incógnita es qué esfuerzos hará el Gobierno para que ese sello logre tener el peso internacional que requiere.

La tarea, concuerda, debe iniciar por homologar la norma ecuatoriana a conceptos y controles internacionales para poder garantizarse un acceso rápido y directo a mercados como el europeo. Para él es el inicio de cómo se deben ir corrigiendo algunos procesos.

León, quien incursionó hace 5 años en este mercado, cuenta el desafío que ha tenido para encaminar su negocio. Al año en su planta, ubicada en Los Ríos, llega a procesar hasta 150.000 barras de chocolate, una producción que, reconoce, podría triplicarse dependiendo de la demanda del mercado, pero también de la disponibilidad de la materia prima. Y esto último, afirma, en Ecuador es difícil.

No todos los agricultores, cuenta, se sienten motivados por cambiar los esquemas de su cultivo. Esto pese a la alta cotización que tiene un producto orgánico que afuera llega a valer más del doble.

Aquí, quien desea sacar una certificación debe esperar hasta 3 años para liberar sus suelos de químicos, un tiempo que a nivel internacional llega a ser menor “porque la norma te permite realizar estudios de residualidad y establecer períodos de transición mucho más flexibles”. Algo similar pasa a la hora de obtener permisos o la certificación. Muchas veces tardan hasta un año.

El tema de abastecimiento, explica, debería importar si se quiere atender una demanda que crece internacionalmente (de enero a junio de este año el país exportó $ 116,5 millones en productos orgánicos), pero también a nivel local.

De esto último da fe Luis Avellán, propietario de BioMarket, una de las tiendas orgánicas que han aparecido en los últimos años en la ciudad. Un mayor esmero por el cuidado de la salud, explica, es lo que está incentivando la preferencia por este tipo de productos y, por ende, una mayor dinamización de la oferta. “Meses atrás teníamos 180 marcas, pero hoy ya tenemos más de 250”, entre hortalizas, chocolates, barras energéticas, quinuas, avenas, salsas y mermeladas.

El desarrollo y consolidación de este mercado tiene que darse de forma integral. No bastan las leyes que regulen al sector sino que se requiere un política nacional que promueva una alimentación segura, que empiece por motivar el cambio de hábitos alimentarios así como incentivar el cambio de esquema en la producción. Llegar a ello, admite, tiene un costo de tiempo y dinero.