Ojala cumplan los legisladores

Entre las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, consta en la Constitución de la República el de: “Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente”.

Se preguntan los ciudadanos: ¿hay indicios suficientes como para que autoridad competente se haya permitido solicitar, “fundamentadamente”, dicha autorización?

Todavía hay legisladores que sostienen que no. No existen pruebas, manifiestan, y permiten asumir que pruebas plenas no, pero indicios suficientes, de sobra. Ello ha sido reconocido hasta por el presidente de la República, al señalar que “todos los dedos apuntan hacia a él”, refiriéndose al vicepresidente, a quien dejó sin funciones.

Sin duda, más allá de los intereses políticos, es evidente que la Constitución de Montecristi, elaborada bajo presión y como instrumento para garantizar impunidad, tiene múltiples vacíos “y por eso elucubramos”, criterio mantenido por prestigiosos juristas que, además, califican de muy mala a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Con ese contexto por delante, ni siquiera cabe sugerir como camino a ser tomado por los asambleístas, el del estricto apego a la ley, dado que en un mar de omisiones y hasta contradicciones, ello no es posible ni conveniente.

Así, cuando no cabe invocar el respeto a la ley, en un momento en que ha quedado al descubierto la mala técnica jurídica con que se han elaborado textos básicos, para el buen desarrollo de la función legislativa, solo queda recurrir a las responsabilidades generales de todos los ciudadanos que, a más del no mentir, no ser ociosos y no robar, también obligan a denunciar y combatir los actos de corrupción.

Cabe sí destacar que mucho de lo que está ocurriendo se deriva del negligente cumplimiento de otra obligación fundamental de la función Legislativa: la de control de la acción del gobierno, que durante la década pasada fue ostentosamente bloqueada por la interferencia del poder Ejecutivo, que se sentía a cargo de todas las funciones del Estado.

Aunque la situación política que enfrenta el Ecuador es sombría, bien podría convertirse en formidable oportunidad para imperativas rectificaciones.