Los tiempos cambian y eso incluye a los electorales. Antes, por ejemplo, una oferta segura para atraer votantes en un país con altos niveles de pobreza era la de quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Lo actual, en cambio, es identificar algún malestar social y ofrecer solucionarlo o eliminarlo por decreto, sea este el desempleo, la inseguridad o incluso, una secretaría de Estado.

La eliminación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), así como del examen único que debían rendir los aspirantes a ingresar a una universidad pública, fue una de las principales banderas de la campaña de Guillermo Lasso. Una promesa que olvidó rápidamente al llegar al poder, pues en dos años de Gobierno no solo mantuvo esa Cartera de Estado, sino que hasta tuvo dos titulares a cargo de ese despacho.

Tampoco Daniel Noboa, quien ha superado los tres meses en el poder, parece muy preocupado por concretar su idea de pasar al Ministerio de Educación las funciones de la Senescyt y suprimirla, como dijo durante la campaña electoral en entrevista con EXPRESO.

Y no ha sido por falta de tiempo o de oportunidad. El pasado 14 de febrero, por ejemplo, el mandatario y la nueva titular de la Senescyt nombrada por él, Ana Changuín, mantuvieron un conversatorio con estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, donde anunciaron un programa de 2.500 becas para financiar estudios de tercer nivel, técnico y tecnológico.

“Trabajaremos día a día para que cada uno de los jóvenes puedan capacitarse y estudiar e incrementar la posibilidad de que consigan un empleo y una vida digna”, dijo Noboa en su intervención, sin tratar la posible supresión de la Senescyt.

Según la reseña compartida por la Secretaría de Comunicación, lo mismo hizo Changuín, quien hasta el viernes 23 de febrero no pudo atender un pedido de entrevista sobre el tema efectuado por este Diario a inicios de esa semana a través de su equipo de prensa.

Según consultados, hay varias posibles razones para ese cambio sobre el tema. Una de ellas es que solo haya sido un gancho electoral de Lasso y de Noboa. Otra, que una vez en el poder, hayan entendido la importancia de esa Secretaría; una tercera tendría que ver con la factibilidad de implementarla y lo que implicaría; y una cuarta, si tendrían el apoyo político en la Asamblea para concretarlo.

“Desde mi perspectiva como académico y exasambleísta, esta propuesta planteada en campaña electoral carece de fundamentos constitucionales y legales sólidos”, expresa el exlegislador y exrector de una universidad pública, Jimmy Candell.

A su criterio, la eventual eliminación de la Senescyt y la transferencia de sus funciones implicaría una modificación significativa en la estructura y funcionamiento del sistema de educación superior del país. Además, requeriría una enmienda constitucional, dado que hay otros dos organismos con competencias específicas establecidas en la Carta Magna.

“Desde lo político, la viabilidad del proyecto parece cuestionable. Su aprobación implicaría un proceso legislativo complejo y la necesidad de un consenso amplio entre las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional”, agrega Candell.

Esa propuesta tampoco es compartida por rectores vigentes como Marcos Zambrano, de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí (Uleam); o Jhonny Pérez, de la Universidad Técnica de Machala (Utmach).

“Creo que este no es el momento de quitar o eliminar algo, sino que lo importante es que cada uno cumplamos nuestro rol. Debemos ir perfeccionando el sistema, los organismos deben subsistir”, dijo el primero. “Las estructuras universitarias de acompañamiento al sistema de educación superior han sido fortalecidas y han estado demostrando su eficiencia”, indicó el segundo, consultados por EXPRESO tras un acto efectuado el viernes 23 en Guayaquil.

Otros actores involucrados con el tema son los investigadores y científicos nacionales. Aunque algunos suelen tener abiertas discrepancias con otros colegas en temas políticos, existe en cambio un rechazo unánime a la idea de eliminar esa secretaría de Estado llamada a impulsar la ciencia y tecnología en el país.

Ni siquiera dirigentes universitarios se entusiasman con la idea. “Eliminando la Senescyt no se soluciona el problema de ingreso, de falta de cupos ni de más presupuesto para las universidades”, advierte Erik Barba, representante de los estudiantes de las universidades públicas, reconocido ante los organismos rectores de la educación superior.

Al final, el hecho es que se estima que hay 200.000 aspirantes acumulados que no han logrado ingresar a la universidad; una cifra que se multiplica con sus familiares y allegados; con otras decenas de miles que han desistido tras varios intentos fallidos; y las decenas de  miles de bachilleres de cada nueva promoción. Un numeroso grupo ciudadano que vota y al cual va dirigida la segura oferta electoral de suprimir la Senescyt.

• Un proyecto de reforma que le toma la palabra a Noboa

La asambleísta de Imbabura, Lucía Posso, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), a fin de dejar sin funciones a la Senescyt y transferirlas al Consejo de Educación Superior (CES).

“La Senescyt es inconstitucional de origen y violenta la autonomía universitaria, dejando a más de 200.000 jóvenes, en el último período, sin acceso a la educación superior”, sostuvo al tiempo de recordar que esta fue una oferta de campaña del presidente Daniel Noboa.

Afirma que la Constitución solo establece dos organismos para el manejo del sistema que son el CES y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), y que por tanto, la Senescyt se creó por fuera de ella. Además, invocó la necesidad de reducir el tamaño del Estado, como en su momento legó Noboa.

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