Más de 180 millones de dólares por daños y perjuicios más deudas pendientes, es lo que pide la constructora brasileña Odebrecht a Petroecuador, luego de que la petrolera nacional decidió, en octubre de 2017, terminar de manera unilateral el contrato que habían firmado ambas entidades por la construcción del poliducto Pascuales - Cuenca, en 2013.

El pago de la indemnización hacia la constructora, señalada por la supuesta entrega de más de 50 millones de dólares en coimas para obtener contratos con el Estado, dependerá de la decisión que tome el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 2 de Guayaquil en la audiencia de juicio que se instaló a las 09:00 de ayer en la sala 201 de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

A la diligencia acudieron los equipos jurídicos de ambas empresas, quienes realizaron los alegatos correspondientes a las pruebas que habían presentado cada uno (78 Odebrecht y 75 Petroecuador). Hasta la tarde de ayer solo se habían analizado alrededor de 11 de las entregadas por la constructora. Al final del día, la audiencia fue suspendida y está previsto que se reinstale el próximo 31 de enero.

El contrato entre Petroecuador y Odebrecht fue firmado por 370 millones de dólares, con un plazo de ejecución de 700 días, pero después se aprobaron, al menos, cinco prórrogas. La obra fue entregada de forma provisional el 2 de marzo del 2017, en medio de las fallas estructurales, mecánicas, técnicas y operativas y con un costo que llegó a los 623 millones.

Meses después, y con un retraso de dos años en la entrega oficial, la petrolera empezó a exigir a la constructora brasileña que finalice las observaciones pendientes que estaban registradas en la recepción provisional del contrato.

Sin embargo, Odebrecht señaló que los problemas presentados “en ningún caso” correspondían a deficiencias técnicas constructivas, por lo que la petrolera decidió terminar con el contrato.

“Para nosotros esa resolución fue ilegal. No se cumplieron con los procedimientos que la ley establece. La demanda oscila alrededor de 180 millones de dólares que en realidad es la suma de planillas no pagadas, obra ejecutada, multas y daños y perjuicios”, explicó ayer el representante legal en Ecuador de la constructora, Gibran Loor.

El representante de la empresa señaló que, de ganar el juicio, el mecanismo de pago que ellos pondrán sobre la mesa es un cruce de cuentas. Es decir, utilizarán ese dinero entregado y otros pendientes por parte del Estado para saldar deudas con otras instituciones estatales o incluso para acordar el monto de la reparación integral que Odebrecht debe cancelar al país.

“Son varios proyectos que quedaron impagos por la condición financiera que tenía el Ecuador en su momento”, precisó.

Por su parte, el procurador de la petrolera, Marco Prado, mencionó que ellos han presentado la argumentación técnica, económica y jurídica respecto al tema y confirmó que la empresa contrató a un equipo de abogados externos para esta parte final del proceso.

“Nosotros hemos trabajado con la Procuraduría en la parte legal, no solo con esta audiencia, sino con la contestación de la demanda que ya fue hace dos años y en la audiencia de pruebas. Los abogados externos son un apoyo. No ha habido un descuido por parte de la empresa en defender los intereses del Estado”, recalcó Prado.

Peritaje

En la audiencia se analizará el informe de una perito acreditada por el Consejo de la Judicatura sobre los montos de la indemnización que reclama Odebrecht.

Intereses

Según el representante legal de Odebrecht, mientras más tiempo se dilate el proceso, más altos podrían ser los intereses reclamados por la empresa a Petroecuador.