Ocho alumnos quedan fuera del Montufar
Los alumnos fueron sancionados. Ahora se indaga si en el proceso para establecer la supuesta responsabilidad de 22 estudiantes en las manifestaciones del colegio Montúfar, de la capital, se respetaron sus derechos.
El caso llegó ayer a la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Los alumnos y sus padres expusieron sus casos. Ellos fueron involucrados en las protestas ocurridas el 15 y 16 de febrero, en los exteriores de la institución, cuando reclamaban por la reubicación de 16 maestros.
El miércoles, la Junta de Resolución de Conflictos del Distrito de Educación Eloy Alfaro emitió su ‘sentencia’. Decidió la reubicación de ocho alumnos a otros establecimientos. Entre ellos está Gonzalo Criollo, presidente del consejo estudiantil del Montúfar.
La rectora del plantel, Ximena Salgado Chacón, determinó que, después de analizar las pruebas de descargo, estos jóvenes habían cometido faltas educativas “catalogadas como muy graves”.
Otros estudiantes se reintegrarán a la institución educativa el 28 de marzo. Todavía continúa el proceso para dos chicos, quienes entregaron nuevas pruebas para demostrar su inocencia y esperan la resolución.
Ayer, la audiencia de Junta de Protección de Derechos se instaló a las 08:00. Varios padres de familia hicieron un plantón de protesta. Ellos no están de acuerdo con las sanciones en contra de sus hijos. Coincidieron en que apelarán: a algunos estudiantes les faltaba alrededor de tres meses para culminar el bachillerato, dijeron.
Criollo comentó que todavía no conoce la institución a la que será reubicado. Insiste en que la sanción es injusta. “No somos culpables y eso es lo que más nos duele”, dijo.
Añadió que él siempre buscó el diálogo con el Ministerio de Educación. Quienes aparecen en los vídeos “lanzando piedras” durante las manifestaciones callejeras no son estudiantes del Montúfar, repitió.
El alumno explicó que tras la reunión con la Junta de Protección -en la que estuvieron representantes del Distrito de Educación y de la rectora del plantel- se identificarán las posibles irregularidades en el proceso para que ellos puedan regresar al Montúfar.
Carla Cevallos, concejala del movimiento SUMA, explicó que la audiencia era para establecer si hubo “vulneración de derechos en el proceso”. Hasta el cierre de esta edición la diligencia continuaba. A ella le preocupa que los estudiantes no están asistiendo a clases.
