Nuevo día conmemorativo en Ecuador: 21 de noviembre por víctimas de servidumbre
Esta fecha se instituye como un recordatorio nacional de las formas contemporáneas de esclavitud
En un acto de memoria, justicia y reparación simbólica. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad con 143 votos a favor la declaratoria del 21 de noviembre como el Día Conmemorativo de las Víctimas del Sistema de Servidumbre de la Gleba, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional, relacionada con el caso de esclavitud moderna en la empresa Furukawa.
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La resolución parlamentaria busca preservar en la memoria colectiva los hechos que vulneraron gravemente la dignidad humana, con el objetivo de evitar su repetición y promover el reconocimiento social de sus consecuencias. Esta fecha se instituye como un recordatorio nacional de las formas contemporáneas de esclavitud que aún persisten bajo estructuras de poder y exclusión.
Un acto de justicia simbólica
El presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, Ecknner Recalde, impulsor de la moción, destacó que se trata de un acto “simbólico y ético” que rechaza toda forma de esclavitud. Recalde recordó que, según la sentencia de la Corte, entre 1963 y 2019, más de 300 personas y familias vivieron en condiciones de servidumbre en las haciendas de Furukawa, sin reconocimiento de derechos laborales y bajo la omisión de las autoridades estatales.
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“El sistema consistía en la explotación de personas en situación de extrema vulnerabilidad, en su mayoría afroecuatorianas, obligadas a vivir en campamentos sin servicios básicos y en condiciones contrarias a la dignidad humana”, explicó.
La asambleísta Paola Cabeza subrayó que esta declaratoria es fruto de la lucha incansable de los trabajadores y sus familias, víctimas de un racismo estructural y de décadas de invisibilización. “Esta sentencia es histórica. Es hora de erradicar de raíz la esclavitud derivada del sistema de servidumbre de la gleba. ¡Furukawa nunca más!”, exclamó.
Cumplimiento institucional
La resolución también dispone que, en un plazo de 10 días, se notifique oficialmente a la Corte Constitucional y a las entidades públicas mencionadas en la sentencia, para que se dé cumplimiento integral a lo dispuesto en el fallo.
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