Desde la evaluación de 2009 a las instituciones de educación superior del país dispuesta por la Asamblea Constituyente de 2007, los modelos aplicados han ido reduciendo el número de indicadores que miden y variando algunos de los objetivos que persiguen. Así lo confirma el presentado formalmente este martes 3 de octubre en Guayaquil por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).

Así, de los 173 indicadores del primer proceso de 2009; el de 2013 los redujo a 46, entre 31 cuantitativos y 15 cualitativos; y el aplicado en 2019 tuvo 37, sumados los 24 cualitativos y 13 cuantitativos. El modelo presentado este martes consta de 32 indicadores, divididos en 24 cualitativos y 8 cuantitativos. Las instituciones deberán cumplir con al menos el 80 %  para obtener la acreditación.

Esa es otra de las diferencias de los dos últimos procesos de evaluación en relación con los dos primeros: inicialmente, el resultado fue utilizado para clasificar a las universidades en tipos o categorías de la A a la E, con las ubicadas en en el último grupo en riesgo de extinción. Los de ahora tienen como fin acompañar a las instituciones en la obtención de la acreditación y el aseguramiento de la calidad educativa.

El CACES enfatizó en la presentación que los resultados no podrán ser comparables entre instituciones. Lo que sí permitirán es, internamente, comparar cómo está cada una en este momento y después de tres años, cuando se aplique formalmente la evaluación con las verificaciones de los datos reportados y las visitas in situ por los evaluadores externos. 

Serán tres años que tendrán para prepararse y cumplir con los indicadores establecidos. En 2009, uno de los reclamos de las universidades fue el poco tiempo que tuvieron para la evaluación, cuyo modelo fue presentado un año antes. Asimismo, alegaron que era una evaluación que no distinguía entre universidades antiguas y nuevas, grandes y pequeñas, públicas y privadas. 

Otra diferencia está en los grandes criterios o aspectos que miden: el de 2009 apuntó a cuatro 'funciones': Academia, Estudiantes y entorno de aprendizaje, Investigación, y Gestión. El que será aplicado en 2026 tiene seis grandes criterios: Condiciones institucionales; Docencia; Condiciones del personal académico y estudiantes; Investigación e innovación; Vinculación con la sociedad; y Sistema de gestión de calidad.

Las universidades y escuelas politécnicas que cumplan los indicadores serán acreditadas por un periodo de 7 años. Las que no lo logren, deberán presentar un Plan de Mejoramiento previo a una segunda evaluación dentro de los siguientes tres años. En caso de que tampoco supere esa nueva oportunidad, la ley establece el cierre de la institución.

Directivos universitarios asistentes al evento expresaron su conformidad con el nuevo modelo, enfatizaron que es más flexible que los anteriores y descartaron que eso implique un descenso o pérdida de la calidad educativa, pues consideran que el modelo se enfoca en ese objetivo. No obstante, rectores de universidades públicas acotaron que el cumplimiento de algunos indicadores implica contar con los debidos recursos económicos para ello.

El modelo fue presentado ayer a directivos y representantes de varias universidades y escuelas politécnicas del país, quienes tendrán ahora que socializarlas internamente para recoger las observaciones o dudas que tengan, las cuales serán absueltas en talleres específicos que organizará el CACES en los próximos meses, según anunció.

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