Una nueva etica publica

Que gobernar es rectificar, es un sabio pensamiento al que no cabe repudiar. ¿Cuánto se le ha pedido al régimen que en pocas semanas concluye su prolongado ejercicio presidencial que lo haga, sin haber obtenido nunca la esperada acogida al insistente planteamiento? No cabría entonces abominar de lo antes deseado, cuando es el propio primer mandatario quien exige rectificaciones en el caso de lo actuado por la Fiscalía General de la Nación, en una de las vergonzosas derivaciones ecuatorianas de la red de corrupción montada por Odebrecht, con la complicidad de muchos gobiernos del mundo. No, de ninguna manera. Siempre, reconociendo la condición humana de los gobernantes, susceptibles por tanto de cometer errores, siempre será bienvenida la capacidad de rectificar, también ellos y no únicamente acercándose al tema, pidiendo rectificaciones a los otros.

Por eso es que ahora, cuando con diligencia nada frecuente la Fiscalía reconoce haberse equivocado ordenando la prisión preventiva de un exministro de la actual administración y el arresto domiciliario de un empresario, luego de que el primer mandatario calificara lo actuado como un “error garrafal”, la sensación de la ninguna independencia de las funciones del Estado y su total sometimiento a la voluntad del presidente se hace certeza y ello deviene en gran agravio a la institucionalidad republicana; más todavía cuando no se trata de un caso de excepción en cuanto al titubeo en la administración de justicia, que acusa y luego se abstiene de hacerlo, tal cual recientemente ocurrió en el caso de los cobros indebidos en la adjudicación de frecuencias, en función de las presiones externas a que se ve sometida.

Sin duda, hasta el último día de su mandato, el presidente saliente mantiene el criterio de que su condición de jefe del Estado le permite intervenir en todas sus funciones como parte de sus atributos constitucionales, y lo hace y se equivoca también garrafalmente, peor todavía cuando pretende establecer jurisprudencia respecto a cuándo el recibir dinero, siendo o habiéndolo sido funcionario público, por parte de empresas o personas que mantienen o mantuvieron negocios con el Estado, es o no un soborno, apenas “propinita” o hasta legítimo honorario.

Se está sembrando y es grave, una doctrina de tolerancia a la corrupción.