El 20 de noviembre se conmemora el aniversario número 30 de la Convención de los Derechos del Niño. Y pese a que Ecuador fue el primer país de Latinoamérica en ratificarla, la situación de los infantes aún es crítica respecto a sus derechos.

Según Aldeas Infantiles SOS Ecuador, uno de cada cuatro niños y niñas sufre de desnutrición. Además, en el país, el trabajo infantil afecta a la población infantil indígena con una tasa del 26 %.

Verónica Legarda, coordinadora nacional de abogacía de la organización, revela que la meta hoy e día es vincular a los niños en la toma de decisiones; empezando en las familias, sus comunidades y la sociedad en general.

La vocera reconoce que en el país han habido pequeños avances para apoyar a los derechos de los menores de edad, pero la lucha debe continuar con planes, proyectos y normativas, aplicables en la vida cotidiana.

Uno de los restos más difíciles de superar es la pobreza extrema. “Cuando se recortan los gastos en una casa en esta situación, inician por suspender la escuela. Así los niños pueden ayudar con el cuidado de animales y las niñas en los quehaceres domésticos o la crianza de sus hermanos”, destacó Legarda.

Según el Observatorio Social del Ecuador, el 42 % de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares en situación de pobreza multidimencional (carencias en educación, trabajo, seguridad social, salud, agua, alimentación, vivienda y ambiente sano). Esto representa a cuatro de cada 10.

La realidad de los niños

Cuando Carmen (nombre protegido) trabajaba con sus niños, de 8, 10 y 12 años, vendiendo frutas en la calle, jamas imaginó verse involucrada en un caso de explotación laboral infantil. “Me hubiera gustado que no estén en la calle, pero somos cinco en casa y no nos alcanzaba el dinero a pesar de que su papa y yo, trabajábamos a diario. A mí me enseñaron a ayudar y yo quería que ellos aprendan lo mismo”, narra.

El 15 de marzo pasado, mientras la Policía hacía un operativo para frenar la venta de drogas de una red que utilizaba a los niños, se llevaron a las dos hijas de Carmen para investigación y las ingresaron en una casa de acogida.

Las chicas, en realidad, no tenían que ver con el tema de las sustancias, pero al ver que trabajaban en la calle, las autoridades empezaron a indagar en el hogar de Carmen. “No pasó mucho tiempo para que se llevarán a mi hijo mayor, pero le asignaron una casa de acogida distinta a la de sus hermanas”, añade.

La situación terminó de complicarse, cuando Carmen y su esposo, quien es albañil, fueron encarcelados por tres meses por un presunto caso de explotación laboral infantil. “Una vez que el juez dictaminó nuestra inocencia, salimos a buscar a nuestros hijos. Tuvimos que hacer muchos trámites para conseguir el permiso de visita”, comenta.

Después de cinco meses de separación, Carmen pudo ver a sus retoños. Y a los 38 días de ese encuentro, Aldeas Infantiles SOS, logró que un juez apruebe las visitas de los padres cada fin de semana. La pareja acudió a talleres y entendió que la calle no era un lugar adecuado para los infantes. Hoy los cinco viven juntos.

Legarda insiste en que el organismo realiza campañas permanentes de prevención para evitar las separaciones familiares innecesarias. “Es mejor fortalecer habilidades de cuidado”, explica.

En todos los casos se siguen los patrones: se acude a servicios estatales y se busca una red de apoyo. Durante la rehabilitación de las familias se le enseña disciplina positiva, manejo de presupuesto familiar y formas de estructurar las tareas del hogar de manera equitativa.

Sin embargo, existen circunstancias (abuso sexual violación, maltrato que ponen en riesgo la vida de un niño) en las que no se puede hacer una reinserción familiar. Allí se activa los sistemas judiciales y se analiza si la familia ampliada puede cuidar al menor de edad. Otro mecanismo es la adopción, pero si la edad es un problema (porque el niño es grande) se le enseña procesos de autonomía.

¿Qué dicen los niños?

Dentro de una consulta conjuntiva realizada en Ecuador a más de 100 mil niños se concluyó que sus inquietudes son similares. Las demandas que hacen al Estado son la mitigación de la violencia, de la discriminación, del acoso escolar, de la xenofobia, del consumo de sustancias, del embarazo adolescente y del abuso sexual.

Es así como el 21 de noviembre, 137 niños presentarán un mandato al presidente, en el que reúnen sus exigencias en temas de derechos. También harán un reconocimiento a los organismos y personas que los protegieron durante el paro nacional.

El evento se realizará en el auditorio Dolores Cacuango de la Defensoría del Pueblo, ubicada en las calles Juan León Mera y Roca, desde las 09:00. Allí los niños también se sumarán a presentaciones artísticas.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador está vinculada a otros organismos en el Pacto por niñez y adolescencia e instan al Estado a cumplir sus compromisos de inversión social y asignación de recursos para educación, salud y protección de los niños.

También piden que se analice y se fortalezca el Código de la Niñez y Adolescencia y que se cumpla con el porcentaje de inversión. Es decir el 6 % de Producto Interno Bruto (PIB) debe destinarse a los niños y sus necesidades, según la Constitución.

“Se debe establecer una administración de justicia especializada para los niños. Esto permite protegerlos de todas las formas de violencia”, concluye Legarda.