Necesario determinar actores y

Se insiste en que en la década anterior existiría una pérdida de $ 30.000 a $ 70.000 millones, lo cual debe ser determinado por la Contraloría del Estado, especialmente sobreprecios en contratos de puentes, carreteras, escuelas, hospitales, hidroeléctricas, refinerías, venta anticipada o concesión de campos petroleros, etc. Pero van dos años de denuncias y salvo excepciones, hasta ahora se configuran responsabilidades, aunque los comités de contrataciones, administradores, contratistas, fiscalizadores, etc. son identificables; es necesario determinar actores y que se recuperen los dineros perdidos. Supuestos vuelos sospechosos de los aviones presidenciales a paraísos fiscales o cargamentos ilícitos, deben ser explicados por quienes llevan sus bitácoras; o casos como el crimen del gral. Gabela, en el que aún no se definen autores intelectuales -el perito extranjero no ha señalado nombres como anunció e inexplicablemente no tiene copia de sus informes-; o espionajes mediante el sistema 911, que deben informar los responsables de turno. Tampoco se ha establecido la ruta del dinero perdido, por las vías legales como ofreció un exfiscal general que se ausentó intempestivamente. Conforme a la ley, la Contraloría puede determinar responsabilidades en las compras ficticias que se acaban de mencionar. Esperemos que la actual fiscal general pueda establecer indicios serios de todos estos hechos pendientes. La ciudadanía espera resultados concretos y no simples afirmaciones

Jorge Chambers