Narcotrafico y politica

Antigua es la sospecha de la vinculación de las más importantes redes del narcotráfico latinoamericano con mandos políticos, militares o policiales.

Que así ocurra, deriva de una reflexión lógica: no puede darse la magnitud ni el crecimiento actual de esa o cualquier otra actividad criminal, sin contar con la colaboración de autoridades con poderosos niveles de influencia, que permitan garantía de impunidad a los involucrados en ella.

A su vez, y se ha expresado en repetidas oportunidades: “No se puede hacer frente eficientemente a la criminalidad de alta rentabilidad económica con instituciones policiales pobres, dotadas de presupuestos insuficientes que favorezcan el financiamiento ilegal de las mismas mediante la estructuración de mecanismos de recaudación ilegal de fondos. Ello abre la puerta para que las poderosas organizaciones criminales que están detrás de los negocios de referencia consigan controlar, por medio de su fabulosa capacidad corruptiva, a sectores o grupos policiales abocados a su control y desarticulación”.

Por lo expuesto, es llamativo y digno de ser relievado que el presidente argentino Mauricio Macri se haya decidido a señalar que los gobiernos que lo precedieron durante los últimos doce años, permitieron el avance del problema. Siendo que la denuncia es grave, por tratarse de quién la hace y a quiénes involucra, no ha resultado infrecuente observarla atribuida a otros países, a los que se ha señalado como narcodemocracias o narcodictaduras. Por supuesto, cuando han ocurrido en el pasado, la actitud de los denunciados ha sido negar cualquier tipo de vinculación e intentar descalificar a quien la efectuó.

Como, en efecto, acusaciones tal cual la comentada pueden en algún caso ser el resultado de un manejo irresponsable, orientado a usar como arma arrojadiza un hecho negativo que se estima contundente, conviene tomarlas con cuidado. Pero, en el caso aquí reseñado se trata de una afirmación presidencial respecto de un ejercicio de gobierno previo.

Sería lamentable que la situación no produzca la imprescindible aclaración, en guarda no solo del prestigio personal de los acusados sino, lo que siempre es más importante: la salvaguarda de la institución presidencial tan venida a menos de un tiempo a esta parte.