Uno de cada dos opositores encarcelados en Venezuela, de los 281 considerados presos políticos, está acusado o ya fue condenado por terrorismo, el delito que lleva un trienio en ascenso, tiempo en el que, según la ONG Foro Penal, estos civiles y militares se volvieron "incómodos" para el Gobierno y terminaron tras las rejas.

En las últimas semanas, la Policía detuvo a un estudiante por supuestamente pegar volantes en espacios públicos. La Fiscalía lo acusó de conspiración ante los mismos tribunales que, días después, sentenciaron a seis personas a 30 años de cárcel por delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

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Ni la Fiscalía ni los tribunales han informado de estos procesos, que han sido denunciados por numerosas organizaciones de derechos humanos a través de las redes sociales, y luego confirmados por familiares y abogados defensores.

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo que estos casos encierran una "evidente intención política" de "criminalizar a determinadas personas", algo por lo que responsabilizó al Ejecutivo que preside Nicolás Maduro.

"Según el poder, aquí no existe una oposición legítima, válida, pacífica, (...) sino que existen, por el contrario, grupos criminales que se asocian para cometer actos de complot, de traición, de rebelión o, más concretamente, de lo que el poder interpreta que es terrorismo", señala Himiob.

Es, a su modo de ver, una narrativa según la cual estas personas no son criminales comunes sino subversivos "de alta gama", sobre quienes recaen "imputaciones muy graves" que les impidan ser juzgados en libertad, por un supuesto riesgo de fuga.

Bajo esta lógica, una buena parte de los juicios acaba con la pena máxima, de 30 años de prisión, contra personas señaladas de sediciosas y violentas sin que, según el jurista, se haya exhibido una sola prueba que las incrimine.

"Lo que estás diciendo es que hay movimientos subversivos, violentos y armados que atentan contra el poder en Venezuela y esa es la narrativa que al poder le interesa consolidar con estas imputaciones", aunque se trate, casi en la totalidad de los registros conocidos, de presuntos planes conspirativos sin consumar.

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Además, remarca el abogado, este auge de acusaciones de los últimos tres años "está estrechamente vinculado" con el avance de la investigación -abierta en 2021- que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

"Hay una especie de correlación, una especie de búsqueda del poder (del Gobierno) de consolidación de esta narrativa" para hacer ver a la comunidad internacional que el país no está lidiando con ciudadanos contrarios al chavismo sino con terroristas, cuyos casos no son valorados como detenciones arbitrarias por otras naciones.

El Foro Penal y otras agrupaciones de defensa de los considerados presos políticos coinciden al señalar un aparente engranaje entre los cuerpos de seguridad, la Fiscalía y los tribunales para hacer crecer el número de "terroristas" en los calabozos.

"Esto es un proceso en el que todas las partes actúan eficientemente y de manera muy engranada. Me refiero al proceso de represión y de persecución judicial, policial y fiscal por motivos políticos (...), es una maquinaria represiva que funciona muy aceitada y muy coordinada", afirma Himiob.

A esto, subraya, hay que sumarle que "todo lo que pide la Fiscalía, los tribunales se lo conceden", y que cuando se producen denuncias sobre irregularidades en los procedimientos policiales o judiciales "la regla siempre es la impunidad".

"No se hace absolutamente nada. Entonces, esa es otra manera de blindar ese esquema represivo (...) de cualquier posible consecuencia de sus actos", prosiguió.

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El Foro Penal, que lidera la defensa de estos casos en el país, insiste en denunciar la existencia de una "ecuación" judicial "contra cualquier persona" que se convierta en un obstáculo para los intereses de Gobierno, en el poder desde 1999.

Más allá de los 281 venezolanos que están "materialmente presos", la organización recuerda que más de 9.400 personas continúan con procesos penales abiertos "arbitrarios" e "igualmente por motivos políticos", que les obligan salir del país o presentarse ante los tribunales periódicamente.

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