Las travesías de los inmigrantes que intentan llegar a España en embarcaciones precarias, conocidas como pateras, se cobraron 951 vidas en el primer semestre del 2023, es decir, una cada cuatro horas y media. 

La mayoría pereció rumbo al archipiélago de Canarias y en la llamada Ruta Argelina, hacia las costas mediterráneas de Levante y las Islas Baleares.

Este es el balance presentado en el Monitoreo Derecho a la Vida, informe que publica regularmente el colectivo Caminando Fronteras, advirtiendo de que algunas de las rutas, “en especial la canaria”, están aumentando “su capacidad mortífera”, a pesar de que las cifras oficiales reflejen un descenso en el número de llegadas.

Del 1 de enero al 30 de junio, la estadística del Ministerio español del Interior recoge que llegaron a España en patera, cayucos o lanchas neumáticas, 12.192 personas, un 4,17 % menos que en el 2022.

La organización Caminando Fronteras contabilizó en estos seis meses 49 tragedias en pateras con destino a España, en las que perecieron al menos 112 mujeres y 49 niños y niñas.

El mes más funesto fue junio, con 332 víctimas; seguido por febrero, con 237; enero, con 138, y abril, con 130.

En 14 casos, las embarcaciones implicadas en esas tragedias desaparecieron con todos sus ocupantes.

Según el colectivo, en estos seis meses murieron en pateras rumbo a España ciudadanos de 14 países: Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Etiopía, Islas Comores, Malí, Marruecos, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sri Lanka y Sudán.

El informe va más allá del recuento de vidas perdidas y hace un análisis de lo que está pasando en esas rutas, con conclusiones muy críticas tanto para España como para Marruecos.

Esta oenegé sostiene que las víctimas mortales de las rutas marítimas a España aumentan (según su recuento superan en 13 a las del primer semestre de 2022) a pesar de que el flujo de pateras se ha reducido porque, en ocasiones, no se ponen los medios de búsqueda necesarios o las operaciones de rescate se activan con retraso.

Denuncia además “una mala coordinación entre los países que deben activar los servicios de socorro” y como ejemplo cita el naufragio de una neumática ocurrido el 21 de junio a unos 160 kilómetros al sur de Gran Canaria, en el que murieron 36 personas, con solo dos cadáveres recuperados.

El colectivo también habla de “racismo institucional”, sobre la base del trato que sufrieron, por ejemplo, ocupantes de una patera rescatada en mayo al sur de Gran Canaria, quienes relataron al desembarcar que fueron tiroteados a su salida, en Cabo Bojador, en la costa atlántica norteafricana, y que dos de sus compañeros habían muerto, malheridos, en el viaje.