La Justicia británica falla que Ruanda "no es seguro" para enviar a inmigrantes
El primer ministro, Rishi Sunak, ha anunciado la intención de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo y la oposición pide abandonar el proyecto
La Justicia británica ha declarado este jueves 29 de junio de 2023 ilegal el plan del Gobierno conservador de enviar a Ruanda a los inmigrantes llegados irregularmente al Reino Unido, un fallo que han celebrado las organizaciones de derechos humanos y que el Ejecutivo piensa recurrir.
La Corte de Apelación ha dictaminado, por una mayoría de dos jueces a uno, que Ruanda "no es un tercer país seguro" para deportar a los potenciales refugiados debido a las "deficiencias" de su sistema de asilo y señala que la estrategia oficial será ilícita hasta que eso se corrija.
El primer ministro, Rishi Sunak, ha anunciado la intención de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, mientras que la oposición y las ONG piden abandonar el polémico proyecto, condenado también por las Naciones Unidas.
La Corte de Apelación ha admitido el recurso presentado por varios solicitantes de asilo y entidades humanitarias contra un dictamen de diciembre del Tribunal Superior que favorecía la política gubernamental.
El jefe de los jueces en Inglaterra y Gales, Ian Burnett, leyó una decisión que pone en cuestión la política migratoria del Gobierno, cuyo proyecto de ley de Inmigración ilegal tramita actualmente el Parlamento.
Burnett explicó que, de un panel de tres magistrados, Geoffrey Vos y Nicholas Underhill concluyeron que las insuficiencias del sistema ruandés suponen un "riesgo real" de que las solicitudes de asilo no sean procesadas adecuadamente y los candidatos sean repatriados a sus países.
Sin embargo, él sí consideró válidas las garantías ofrecidas por el Ejecutivo y juzgó que Ruanda "es un país seguro", una opinión minoritaria que abona el camino para el recurso gubernamental.
El Reino Unido y Ruanda acordaron en abril de 2022 un plan a cinco años para la transferencia a Kigali de la mayoría de inmigrantes que lleguen por vías no autorizadas a territorio británico, cuyas demandas se procesarían allí sin posibilidad de regresar a este país.
A cambio, Londres ha facilitado al país africano 120 millones de libras (unos 138 millones de euros) en fondos para el desarrollo y se haría cargo de los costes de tramitación e integración de cada persona reubicada.
