A un mes para que venza el plazo de seis meses establecido por Estados Unidos para la suspensión de algunas sanciones a Venezuela, entre ellas al petróleo y al gas, se eleva el suspenso respecto a la decisión que, a la postre, tome el Gobierno estadounidense, que supedita la extensión del alivio a los pasos que dé Caracas para garantizar en julio unas presidenciales "competitivas".

Y con competitivas, EE.UU. se refiere, principalmente, a la participación en las presidenciales del próximo 28 de julio de la exdiputada liberal antichavista María Corina Machado, inhabilitada por la Contraloría para ocupar cargos de elección popular hasta 2036.

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Pero el país caribeño, según el Gobierno chavista, jamás se entregará "a las órdenes de Washington", que en enero restauró sus sanciones al sector del oro, en represalia por la ratificación de la inhabilitación de Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La incertidumbre llevó a expertos y a entes independientes a proyectar distintos escenarios económicos para este año, con un menor crecimiento en caso de que las medidas sean retomadas, mientras que el Ejecutivo de Nicolás Maduro confía en que el incremento será del 8 %, "con sanciones o sin sanciones".

PLAN B

El diputado chavista Ramón Lobo, exministro de Economía, aseguró que Venezuela, con un "cúmulo de experiencias adquiridas en los últimos ocho años" y un "marco de relaciones internacionales más favorable", seguirá "avanzando en la recuperación del aparato productivo, independiente del escenario que se dé".

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En febrero pasado, el ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, aseguró que el país cuenta con una "industria poderosa para enfrentar cualquier situación" y que estará preparada en caso de que EE.UU. aplique "más sanciones".

En lo que va de 2024, la nación suramericana ha firmado instrumentos de cooperación con Turquía, Indonesia y Burkina Faso, a la vez que busca un "mayor acercamiento" con inversionistas de Brasil en el sector petrolero y fortalecer la alianza energética con Irán.

Estas acciones, a juicio de Oliveros, muestran que el Gobierno "está buscando un plan B". En todo caso, aseguró que cualquier regreso de sanciones supone una mala noticia para Venezuela. Explicó que el esquema de sanciones "recorta los presupuestos de inversión de varias empresas privadas" y "vuelve a colocar expectativas negativas en la economía venezolana".

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Además, las sanciones petroleras cierran el mercado occidental al país, que se vería obligado a colocar su crudo en Asia, con descuentos y costos de envío "muy altos" -como hacía antes del alivio-, a la vez que las empresas con actividades en Venezuela "posiblemente tendrían que minimizar o parar operaciones", lo que reduciría la producción.

No obstante, el Gobierno confía en que este año la producción superará los 1,2 millones de bpd, un alza del 53 % frente a 2023.

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