Las fuerzas de seguridad de Perú se encargarán durante 60 días del control y combate de la delincuencia en las provincias norteñas de Trujillo, la tercera más importante del país, y de Pataz, ambas golpeadas por "la creciente ola de criminalidad", anunció el Gobierno peruano.

El primer ministro, Alberto Otárola, anunció este lunes 12 de febrero de 2024que el Consejo de Ministros decidió declarar el estado de emergencia en ambas jurisdicciones de la región norteña de La Libertad y que en Trujillo actuará "de manera enérgica" la Policía Nacional del Perú (PNP) con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Otárola remarcó que la intención es que las fuerzas de seguridad "conjuntamente con las autoridades locales y regionales puedan hacer frente a esta ola delincuencial" que golpea a esa zona del país.

En la provincia de Pataz, colindante con Trujillo, el control del orden interno estará en manos de las Fuerzas Armadas con el apoyo de la Policía, ya que se ha determinado que hay unas 20 bandas organizadas dedicadas a la minería ilegal, especialmente el comercio de oro.

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En ese sentido, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, aseguró que la decisión está "plenamente justificada" porque esas bandas y organizaciones criminales cuentan con gran potencia de fuego y han llevado a cabo "actos de terror".

El ministro se refirió así a un ataque con explosivos por parte de una banda en una mina en Pataz, que dejó nueve muertos y 15 heridos a comienzos de diciembre de 2023, y al derribo con dinamita de hasta siete torres de energía eléctrica.

Chávez dijo que estos grupos criminales cuentan con armamento de largo alcance y superan las características de la delincuencia común a la que se enfrenta la Policía, por lo que es necesaria la intervención de los militares.

"Quedan notificados los miembros de bandas y organizaciones criminales en Pataz, que al Estado no le va a temblar la mano para enfrentarnos y neutralizarlos", remarcó.

El primer ministro añadió que las autoridades han encontrado en Pataz "la peor expresión en lo que puede pensarse acerca de la inseguridad ciudadana: extorsión, explotación laboral y sexual, proxenetismo, tráfico de armas e insumos químicos".

La declaración del estado de emergencia se anunció días después de que las principales autoridades del Ejecutivo peruano, encabezadas por la presidenta Dina Boluarte, se reunieran con el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, quien pidió que se tomen medidas urgentes para enfrentar a la criminalidad.

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