Miles de israelíes protestaron hoy martes 23 de mayo de 2023 ante el Parlamento (Knéset) contra el presupuesto de 2023-2024 que prevé aprobar esta noche el Gobierno derechista de Benjamín Netanyahu, polémico por contemplar la entrega de más dinero al sector judío ultraortodoxo, cuyos partidos son socios clave en el Ejecutivo.

Los manifestantes, convocados por las entidades que encabezan el movimiento de protestas contra la reforma judicial de la coalición, acusaron al Gobierno de "saqueo" a las arcas estatales por el nuevo presupuesto pendiente de votarse en las próximas horas.

Las cuentas otorgarán más financiación para subsidios a los judíos religiosos, y según críticos, esto mantendrá a este sector -del que hay muchos miembros que no trabajan- fuera del mercado laboral.

Esta cuestión genera polémica en Israel desde hace años y gana más presencia en el debate público, mientras se agrava el malestar entre población secular, que siente que está expuesta a una mayor presión fiscal y alega que parte importante de los impuestos que paga al Estado van destinados a mantener a la comunidad ultraortodoxa.

En este sector, si bien las mujeres sí tienden a trabajar, más del 50% de los hombres no lo hacen. Se dedican al completo al estudio de los textos religiosos judíos y reciben subvenciones estatales.

El plan presupuestario impulsado por el actual Gobierno -que se debe aprobar esta noche en pleno parlamentario en dos votaciones- prevé asignar unos 14.000 millones de shéqueles (unos 3.520 millones de euros) en fondos que en parte irán para instituciones y programas ultraortodoxos, según los pactos de coalición que alcanzó Netanyahu con las fuerzas religiosas, Shas y Judaísmo Unido de la Torá (JUT).

Tras días de fricción interna en el Gobierno, Netanyahu aseguró esta tarde que los presupuestos se aprobarán gracias a la "unidad" entre los distintos socios que integran la coalición.

El primer ministro se vio presionado por miembros de Agudat Israel, una de las dos facciones que integran JUT, que pidieron asignaciones adicionales de dinero para su sistema educativo religioso, con escuelas propias y plan pedagógico diverso al que siguen los centros escolares públicos y seculares israelíes.

Estos parlamentarios amenazaron con rechazar las cuentas si sus demandas no eran satisfechas, una forma de presión más bien usual en política israelí en momentos previos a la votación de medidas clave.

Finalmente, el partido Likud de Netanyahu llegó a un pacto con los ultraortodoxos y prometió un suplemento añadido de unos 250 millones de shéqueles (62 millones de euros) para sus escuelas religiosas, lo que apagó las tensiones.

El jefe de Gobierno también debió pactar una asignación parecida para el Ministerio de Desarrollo del Néguev y Galilea -dos regiones de Israel-, controlado por el partido de ultraderecha Poder Judío, que también se negaba a apoyar el presupuesto sin esta condición.

La incertidumbre en torno a los presupuestos generó una atmósfera de inestabilidad política añadida en Israel, ya tocado por un plan de reforma judicial que socavaría la división de poderes y llevó a cientos de miles de ciudadanos a salir a protestar a pie de calle contra una iniciativa que busca tirar adelante el actual Ejecutivo.