El Salvador aprueba cadena perpetua para adolescentes desde los 12 años
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas legales que permiten imponer prisión perpetua a menores de edad
La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó una reforma constitucional que amplía la aplicación de la prisión perpetua, ahora también para menores de edad desde los 12 años. La medida se enmarca en el endurecimiento de la política penal impulsada por el gobierno, con el objetivo de combatir estructuras delincuenciales y pandilleriles. Las reformas entrarán en vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial.
Hasta antes de esta reforma, los adolescentes podían recibir sanciones de hasta 10 años de internamiento en casos graves si tenían 12 años, y hasta 15 años si eran mayores de 16. Con el nuevo marco legal, los jueces deberán imponer la cadena perpetua de manera obligatoria en delitos como homicidio agravado, feminicidio, violación y terrorismo. El dictamen aprobado modifica el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley contra el Crimen Organizado.
Revisión de penas y exclusión de procesos juveniles
La normativa establece que la pena de prisión perpetua para menores deberá ser revisada de manera obligatoria al cumplir 25 años de reclusión. Sin embargo, para delitos graves como extorsión, secuestro o robo agravado, se mantiene un internamiento máximo de 15 años, siempre que no estén comprendidos en las conductas que obligan a la cadena perpetua.
De manera paralela, la reforma excluye a los adolescentes procesados bajo la Ley contra el Crimen Organizado de los procedimientos ordinarios de la Ley Penal Juvenil. Esto significa que los menores vinculados a maras y pandillas no tendrán acceso a procesos especiales de justicia juvenil, sino que serán juzgados en tribunales especializados en crimen organizado.
En este esquema, los procesos pueden prolongarse hasta 24 meses, con una prórroga adicional de 12 meses, y los adolescentes condenados cumplen sus penas en centros penitenciarios de adultos, aunque con separación por edad. La medida busca reforzar la capacidad del Estado para procesar masivamente a jóvenes vinculados con estructuras criminales.
Endurecimiento de la Ley contra el terrorismo
La reforma también amplía la definición de organizaciones terroristas, considerando como tales a grupos con estructura jerárquica que empleen métodos violentos o inhumanos para infundir terror, arrogarse potestades propias de la soberanía o afectar sistemáticamente los derechos fundamentales de la población.
Las penas por integrar una organización terrorista se elevan a entre 20 y 30 años de prisión, superando el rango previo de 15 a 20 años. Para líderes o cabecillas, la condena se incrementa a entre 40 y 60 años, cuando antes el máximo era de 40.
En los casos de cómplices en delitos sancionados con prisión perpetua, la reforma elimina el límite previo de dos tercios de la pena máxima. Ahora, las sanciones se establecen desde la mitad del plazo hasta el tiempo previsto para la primera revisión de la cadena perpetua, aunque se aclara que en ningún caso la pena para cómplices será perpetua.
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