Las autoridades colombianas detuvieron y judicializaron a varios integrantes de una red transnacional de trata de personas, integrada por policías en servicio y retirados, que captaban a mujeres para explotarlas sexualmente en Francia.

Entre los detenidos está el intendente Carlos Augusto Fernández Raigoza, el subintendente en retiro Álvaro Hernández Pérez y el particular Diego Armado Cárdenas Gaitán, quienes serían los encargados de captar a mujeres en Medellín (Antioquia), informó la Fiscalía.

Ellos se comunicaban “con los articuladores de la organización ilegal en Europa, identificados como Georges Kalliterakis, un ciudadano griego conocido como León, y el patrullero en retiro Jorge Jhovan Restrepo Lemus”, según la entidad.

Las jóvenes eran captadas bajo ofertas de trabajo como “webcamers” en Francia, con un sueldo de 20 millones de pesos (4.800 dólares), y les pedían un video o fotografías en ropa interior que luego eran enviados a los cabecillas internacionales que daban su aval, según averiguó la Fiscalía.

Las que eran aceptadas partían en vuelos desde el aeropuerto José María Córdoba, próximo a Medellín, hasta Madrid o Barcelona y de ahí las llevaban a Marsella, Niza o Montpellier, en Francia.

Las fotos y videos que habían mandado eran publicados en páginas webs que ofrecían servicios sexuales, que las mujeres eran obligadas a ofrecer para pagar “una deuda que les imponían por tiques, manutención y otros aspectos relacionados con el viaje”, se indicó.

Esta red de trata estuvo activa desde enero de 2022 hasta el pasado 7 de marzo, que fue cuando las autoridades francesas rescataron a cuatro mujeres y detuvieron a cinco de los principales articuladores, entre ellos León y Restrepo Lemus.

Una “mujer afectada detalló que en Marsella fue golpeada por alias León, obligada a tener encuentros sexuales en condiciones indignas y en contra de su voluntad, hospedada en apartamentos en medio de precarias condiciones de salubridad y sin alimentación”, explicó el ente.

Mediante los testimonios de las víctimas se pudo identificar a los miembros de la red que operaban en Colombia, que fueron detenidos en operativos en Medellín y Popayán.

Los detenidos, que no han aceptado cargos, han sido acusados de los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas. Tras su aprehensión, un juez les dictaminó prisión preventiva.

El Gobierno colombiano tiene habilitada una línea de teléfono gratuita (+57 (1) 6001035 desde fuera del país) a la que se puede llamar si se quiere consultar una oferta de trabajo demasiado atractiva o sospechas de un posible delito.