La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por los gobernantes sandinistas, inhabilitó este jueves 12 de mayo  de forma definitiva a 25 abogados, entre ellos al escritor Sergio Ramírez y a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, bajo el argumento de que les retiraron su nacionalidad "y son traidores a la patria".

En una resolución, la Suprema Corte decidió anular los títulos de abogado y notario público a los 25 juristas, a quienes les ordenó además entregar sus títulos, protocolos respectivos, sello, y carné de jurista en 24 horas, "bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciese", pese a que la mayoría fueron expulsados a Estados Unidos o residen en el exilio.

Es la segunda vez en tres días, y la primera a un grupo de 25 abogados, que la Suprema, bajo el control del presidente del país, Daniel Ortega, suspende definitivamente del ejercicio de la profesión a juristas, desde que estalló la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace cinco años.

Además del escritor Ramírez, quien fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1985-1990), y la defensora Núñez, los magistrados judiciales inhabilitaron a su excolega Rafael Solís, al exvicecanciller José Pallais, y al exembajador sandinista en la OEA Edgard Parrales.

También a los defensores de derechos humanos María Oviedo, Gonzalo Carrión, Álvaro Leiva, a los políticos opositores Ana Margarita Vigil, Eliseo Nuñez, Noel Vidaurre, Héctor Mairena, a la activista Mónica López Baltodano, al jurista Uriel Pineda, y Roger Reyes, defensor del exaspirante a candidato presidencial Félix Maradiaga.

Además, al antiguo portavoz de la Corte Suprema Roberto Larios, y a Moisés Astorga y los hermanos María José y Hans Camacho Chévez, estos últimos tres exasesores de la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, entre otros.

Según la Suprema Corte, con su sentencia están dando cumplimiento con las resoluciones judiciales dictadas el 8, 9 y 15 de febrero pasados, en la que se acusó a los 25 afectados como "traidores a la patria" y se les inhabilitó de manera absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua.

Asimismo, en esas resoluciones se ordenó la pérdida de la nacionalidad de los acusados, y la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades de los acusados, ya sea a título personal o de personas jurídicas o sociedades en las que participen como socios.