En un año en el que se espera una cifra récord de migrantes que cruzarán el Darién en su travesía hacia EE.UU., las autoridades de Colombia y Panamá "no los están protegiendo ni asistiendo", ni tampoco investigan los abusos de que son víctimas, señala Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este 1 de abril.

"Colombia y Panamá pueden y deben hacer más para proteger esos derechos, así como los de las comunidades locales que han sufrido años de abandono estatal", señaló Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas.

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El informe 'Abandonados en la selva: Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién' es el segundo de una serie de documentos de HRW sobre la densa selva que se ha convertido en el paso para miles de migrantes que buscan un futuro mejor o huir de la violencia.

En sus visitas a la frontera entre Colombia y Panamá, HRW ha constatado que los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos de salud son insuficientes, lo que afecta los derechos tanto de los migrantes como de las comunidades locales que han sido marginadas por años y sufren con altos índices de pobreza y falta de oportunidades.

Los delitos contra migrantes en el Darién, incluyendo constantes casos de violencia sexual, "normalmente no son investigados ni castigados", recoge el informe. Más de medio millón de personas cruzaron el Darién en 2023, incluyendo 113.000 menores de edad, y el gran número de migrantes que atravesaron esa selva entre enero y febrero de 2024 apunta a que este año sean más de 700.000.

LLAMADO DE ATENCIÓN A DOS PAÍSES

La ONG lamenta que Colombia "carece de una estrategia clara para garantizar los derechos de las personas migrantes que cruzan", que se suma a "la escasa presencia estatal en la región", dejándolos en manos de grupos armados como la banda paramilitar el Clan del Golfo, que en los últimos años además del narcotráfico se ha involucrado en el tráfico de migrantes.

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El Gobierno panameño aplica una estrategia de "flujo controlado" centrada en "restringir el movimiento de estas personas dentro de Panamá y asegurar que lleguen rápidamente a Costa Rica, en lugar de atender sus necesidades o garantizar que puedan solicitar refugio". HRW llamó a ambos países a nombrar a un alto funcionario o asesor encargado de la respuesta a la crisis humanitaria, que también permita la coordinación entre autoridades.

El documento también cuestiona la decisión del Gobierno de Panamá de suspender el trabajo de MSF en el país: "Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación en el Tapón del Darién", afirmó Goebertus en el estudio.

Esta es una crisis que "exige un esfuerzo más amplio de toda la región", por lo que "gobiernos latinoamericanos y de EE.UU., deberían revertir las medidas que están impidiendo el acceso a refugio y que llevan a las personas a cruzar lugares peligrosos como el Darién". "No deberían dejar solos a Colombia y a Panamá frente a los desafíos del Tapón del Darién", concluyó Goebertus.

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