Los casos de acoso y violencia política en Bolivia aumentaron en un 8 % entre 2022 y 2023 en el que hay pocas sentencias, lo que evidencia que la aplicación de las normativas aún es "débil", informó este sábado la Defensoría del Pueblo.

Esa instancia, junto a la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), trabajan de forma conjunta para realizar programas y planes en contra del acoso y la violencia política, por lo que alertaron el incremento de esta situación en el país.

Desde 2018 a junio de 2023 se registraron 600 casos de acoso y violencia política en el país y se conoce que al menos 500 denuncias se encuentran en el Ministerio Público, de las cuales solo tres tienen sentencia.

"Los efectos y resultados de la aplicación de la Constitución y la normativa probablemente aún son débiles", manifestó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, citado en un comunicado.

Agregó que es necesario que se evalúe la ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres para su mejor aplicación.

La Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre esta situación en el que relata algunas situaciones que sufren las mujeres en la política, como el uso de un recurso denominado "Compromisos Forzosos de Gestión Compartida" que son obligadas a firmar.

Además algunas son "privadas de sus salarios o son víctimas del uso de poderes notariales para hacer que renuncien a sus cargos", señala el comunicado.

La Acobol suscribió al menos 152 convenios con gobiernos municicpales para "fortalecer la capacidad de atención de casos", también brindaron talleres de capacitación para promover la "protección a las víctimas", igualmente se impulsó la elaboración de reglamentos y comisiones de ética.

Todos estos datos fueron expuestos en la primera Cumbre Nacional de Mujeres Autoridades y Lideresas Políticas "Unidas por el respeto de nuestros derechos" que se realiza en la región central de Cochabamba.

Uno de los últimos casos conocidos es el de una asambleísta del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) que fue agredida cuando iba a la Asamblea Departamental de Santa Cruz a la posesión de dos nuevos asambleístas, el caso está siendo investigado en el Ministerio Público.

El caso más emblemático fue la muerte violenta de la concejala Juana Quispe hace una década y que terminó por impulsar la promulgación de la ley que sanciona los hechos de acoso y violencia política.

La paradoja es que esas agresiones se producen cuando legalmente en Bolivia rige la distribución equitativa de género en cargos legislativos nacionales, departamentales y municipales.