Jaime y Diego, de 15 y 25 años, son las últimas víctimas de una tercera generación de bandas juveniles en España que intensificó su violencia en los últimos meses. Es el resultado de haber mirado para otro lado cuando estos jóvenes, mayoritariamente menores, requerían educación y acompañamiento, según el diagnóstico de varios expertos.

Tras las reyertas entre los Dominican Don’t Play (DDP) y los Trinitarios (de origen dominicano) que confluyeron el pasado fin de semana en Madrid, dejando dos muertos y tres apuñalados en estado grave, ha habido una respuesta contundente.

Desde este jueves, más de 500 policías controlan las calles y parques de 11 distritos de la capital y el municipio de Parla para frenar posibles represalias, y la Guardia Civil también desplegó a 834 agentes en nueve municipios de la Comunidad de Madrid, que vigilarán los puntos con una mayor presencia de estas bandas.

La escalada de violencia se detectó el pasado diciembre, cuando se impulsó la operación Hispano y en poco más de tres meses detuvieron a 118 personas e incautaron decenas de armas a estos grupos.

Sin embargo, los propios agentes, como el inspector y portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito, lamentan que previamente “algo ha debido fallar” cuando las fuerzas de seguridad tienen que priorizar una amenaza como la que constituyen estas bandas juveniles, que contaban a finales de 2021 con 80 grupos activos en toda España, según datos del Ministerio del Interior. Son menores de 13, 14 o 15 años, como Jaime, el chico vinculado a los Trinitarios que fue apuñalado mortalmente con un machete por presuntos miembros de los DDP hace una semana en el centro de Madrid, aunque la Policía aún no logró identificar a los autores.

Y son más violentos porque quieren demostrar lealtad a sus superiores. El experto en grupos urbanos Joan Caballero define a estos menores como la “tercera generación de pandilleros” en España, ya que las fuerzas de seguridad y la justicia ya tuvieron que aplacar su violencia en 2003, cuando surgieron, y en 2014, año en el que el Tribunal Supremo declaró la naturaleza criminal e ilícita de los Dominican Don’t Play (primera y segunda generación).

Después, según Caballero, la sociedad no se preocupó por acoger en comunidad a estos jóvenes, gran parte de ellos de origen extranjero o de padres inmigrantes, pero con nacionalidad española -estos últimos representan el 90 % según la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González-.

En el seno de las bandas encontraron el “sentimiento de pertenencia” del que carecían. “Sienten que es su segunda familia”, afirma.

De hecho, tal compromiso de hermandad es el que les lleva a no mostrar escrúpulos a la hora de delinquir cuando así se lo piden sus superiores y llegan a matar a sangre fría.

Joan Caballero destaca que la sociedad, además de marginarles, ha “estigmatizado” a los integrantes de las bandas, lo que ha hecho que “se reafirmen” en su condición de “pandilleros”: “Si la gente y la tele lo dice, pues sí, lo soy”.

En el plano judicial, la declaración de los DDP y otras bandas como organizaciones criminales por el Tribunal Supremo supone que las fuerzas de seguridad pueden llevar ante la Justicia a cualquier individuo que se investigue y presente vínculos suficientes con dichas organizaciones, pero “no se está haciendo”, denuncia Ibarra.

Además, puntualiza que se debe separar el discurso contra la violencia de la xenofobia, ya que nada tiene que ver con el origen de los “delincuentes”.