La Asamblea Nacional de Panamá (Parlamento) aprobó ayer 3 de noviembre un proyecto de ley de moratoria minera indefinida, que prohíbe otorgar nuevas concesiones y rechaza las que están en trámite, propuesto por el Ejecutivo en medio de una grave crisis con intensas protestas contra un polémico contrato minero. Los diputados aprobaron en tercer y último debate el proyecto de ley “1110, que prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional” con 59 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Ese proyecto de ley, que aún debe ratificar el presidente panameño y, posteriormente, promulgarse en Gaceta Oficial, declara una “una moratoria por plazo indefinido” para concesiones de minería metálicas y establece que “ninguna concesión (...) será renovada o prorrogada a partir de la promulgación de la presente Ley”, según el documento oficial divulgado por el Parlamento. Dispone que “el Ministerio de Comercio e Industrias no podrá otorgar concesiones” así como rechaza “de plano toda nueva solicitud presentada para la obtención de dichas concesiones” y aquellas que estén “en trámite”. Algunos manifestantes volvieron a marchar pacíficamente este viernes, en el duodécimo día de protestas, en Ciudad de Panamá con tambores y ataviados con la ropa tradicional en el marco de la conmemoración este viernes de los 120 años de separación de Panamá de Colombia, según constató EFE

El Parlamento panameño modificó ayer ese proyecto de ley para eliminar un artículo que derogaba el polémico contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals (FQM), dejando el futuro de ese pacto minero en manos de la Corte Suprema de Justicia para fallar sobre su alegada inconstitucionalidad.

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Según argumentan ambientalistas y juristas, derogar el contrato a través de un proyecto de ley dejaría al Estado panameño más “desprotegido” frente a una posible demanda internacional por parte de la empresa canadiense. “Los sectores de poder ha logrado (...) imponer que sea la Corte (Suprema de Justicia) la que de el fallo. No hay garantía de la Corte (...)”, dijo a EFE el líder del poderoso sindicato obrero Suntrac, Saúl Méndez.

Panamá está sumida en una grave crisis con masivas protestas y bloqueos en las principales carreteras del país en rechazo a la nueva concesión a 20 años prorrogables para que la canadiense FQM explote la mina de cielo abierto más grande de Centroamérica.

Por otro aldo, Panamá cumplió ayer 3 de noviembre 120 años de su separación de Colombia en medio de una grave crisis por las intensas protestas contra una concesión a una minera canadiense, un contrato que algunos califican de “vende patria” y que ha revivido un tema sensitivo para los panameños: La soberanía nacional.

Esta efeméride da inicio a un peculiar “mes de la patria”, un conjunto de días que conmemoran los hechos históricos que llevaron al país en diferentes años a separarse primero de España y luego de Colombia. Este año, sin embargo, los tradicionales actos festivos fueron suspendidos por las intensas manifestaciones, que hoy cumplen 12 días de manera ininterrumpida.

La “lucha” de los panameños por su soberanía frente a empresas extranjeras es de larga data, en concreto, desde sus inicios como república tras separarse de Colombia un 3 de noviembre de 1903 con el apoyo de Estados Unidos, interesado en construir y administrar el Canal de Panamá, la mayor obra de ingeniería moderna, según historiadores.

Tras ello, los Estados Unidos se instalaron en Panamá durante casi un siglo (1903-1999) en la denominada “Zona del Canal”, un enclave de 1.432 kilómetros cuadrados de superficie y 8 kilómetros de ancho a lo largo de la vía interoceánica.

La presencia de los estadounidenses en el área canalera no fue la única también la bananera Chiriquí Land Company., en la frontera con Costa Rica.

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